Aunque los indígenas mexicanos han ganado en reconocimiento institucional, socialmente siguen siendo a menudo discriminados y se les considera parte de una realidad arcaica, del ayer, señaló el investigador Guillermo de la Peña.

“La discriminación se nota en que existe en la sociedad mexicana la visión de que los indígenas son algo que pertenece al pasado, a un glorioso pasado”, dijo en entrevista este doctor en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

Para De La Peña, el mayor problema es que los mexicanos identifican al indígena como “pobre y atrasado” y culpan de su retroceso a “su diversidad cultural” y particularidades, destacó en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2015 257 millones de mexicanos se asumían como indígenas.

Es el equivalente a uno de cada cinco nacionales, que se distribuyen en 68 pueblos indígenas con 364 variantes lingüísticas.

Una de las mayores problemáticas, consideró el experto, es la contradicción evidente entre el reconocimiento oficial y a pie de calle.

En los últimos 25 años, México ha avanzado enormemente en los derechos de los pueblos indígenas y en 1992 se cambió la Constitución para reconocer “la naturaleza pluricultural de la nación, basada en sus pueblos indígenas” así como su derecho a tener acceso sin restricciones a la jurisdicción del Estado y a mantener su cultura tradicional.

En 2001 se dio una nueva reforma a la Carta Magna que estableció el principio de autonomía jurídica y política de las comunidades indígenas, en 2003 se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos, que proclama la igualdad de todos los idiomas, y en 2011 la Constitución prohibió explícitamente cualquier tipo de discriminación.

“El Estado mexicano tiene un conjunto de instituciones, legislaciones y políticas interesantes, pero todavía estamos lejos de tener una sociedad realmente intercultural. Entendida como aquella que reconoce la diversidad existente”, remarcó De la Peña.

En este contexto, el rezago es evidente. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que en 2014 el 73,2 % de los indígenas eran pobres, y un 31,8 % de ellos vivía en una situación de pobreza extrema.

Comparativamente, hay un 43,2 % de no indígenas pobres, y un 7,1 % en pobreza extrema.

“Los diez municipios más pobres del país tienen una mayoría de la población indígena”, reconoció el especialista, aunque ello se debe a varios factores que han impedido el desarrollo de estos pueblos autóctonos, como “una carga histórica muy fuerte de rechazo y explotación”.

Además, a menudo se han “despreciado” cualidades de los indígenas como sus conocimientos en la agricultura y en las artes, apostando por un modelo de vida (y de consumo) occidental que considera que “no es moderno el cuidado de lo local, lo natural y lo comunal”, abundó el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Este contexto conlleva discriminación dentro y fuera de las instituciones públicas.

“La más notable es la brecha lingüística”, identificó De la Peña, a pesar de que se calcula que hay unos 7,3 millones de personas que hablan una lengua indígena.

Por ejemplo, si bien hay escuelas específicamente dirigidas a indígenas, se ubican en zonas rurales, a pesar de que una tercera parte de los indígenas vive en ciudades a raíz de una “migración torrencial” que arrancó en 1970, señaló.

En estas escuelas a veces los estudiante son discriminados por “su aspecto, su forma de escribir y de hablar” y reciben apodos como “indios e ignorantes”, relató.

En los centros de salud también es difícil la relación medico-paciente, porque los indígenas “tienen dificultades para expresar sus síntomas” y una “concepción del cuerpo” distinta a la del mundo occidental, lo que dificulta los exámenes físicos.

En tribunales la situación es parecida, pues aunque por ley deberían poder ser atendidos y juzgados en su propia lengua, este derecho “está lejos de la realidad”.

Además, De la Peña destacó que se siguen violando sus derechos culturales, que son considerados derechos humanos por las Naciones Unidas.

Y se dan situaciones todavía más discriminatorias: “Hay centros comerciales y restaurantes a los que sistemáticamente se les niega la entrada”, recordó este experto.