Sindicatos intensifican la toma de calles de Francia contra la reforma de pensiones de Macron

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FRANCIA.- Las protestas en Francia contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron entraron en una nueva fase este martes con la reanudación de las multitudinarias manifestaciones y el inicio de una huelga prorrogable en sectores clave.

A la espera de datos oficiales, el sindicato CGT anunció 3.5 millones de manifestantes en Francia y unos 700 mil en París (81 mil , según la policía). De confirmarse, la movilización sería superior a la del 31 de enero, la mayor contra una reforma social en tres décadas con 1.27 millones en el país (2.8 millones, según la CGT).

“Hemos logrado mostrar la determinación del mundo del trabajo”, el gobierno “no puede seguir haciendo oídos sordos”, dijo horas antes el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, que celebró una “movilización histórica” al inicio de la manifestación en París.

La segunda economía de la Unión Europea (UE) vivió su sexta jornada de huelga desde el 19 de enero a llamado de los sindicatos para protestar contra el endurecimiento de las condiciones para acceder a una pensión completa impulsado por Macron.

“No nos rendiremos […] Tenemos que impactar al gobierno para que ceda”, dijo Patrick, un jubilado del sector ferroviario de 61 años, que manifestó bajo la lluvia junto a unas 6 mil personas más, según los sindicatos, en Calais (norte).

El frente sindical unitario debe reunirse en la noche para fijar los próximos pasos. Tras protestas el miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer y el jueves a llamado de los estudiantes, los sindicatos podrían convocar una nueva jornada de protestas el sábado. Frente a ellos, el mandatario liberal se juega una parte importante de su crédito político, después que la pandemia le obligara a abandonar una anterior reforma durante su primer mandato, marcado además por la protesta social de los “chalecos amarillos”.

Pero dos de cada tres franceses, según los sondeos, siguen opuestos a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa. Una mayoría apoya las huelgas.

Tras semanas de infructuosas protestas pacíficas desde el 19 de enero, los sindicatos recrudecieron su pulso contra un gobierno firme en su posición, al término de las vacaciones escolares de invierno en Francia. Su objetivo era “paralizar” la economía. La jornada amaneció con carreteras bloqueadas de Rennes (oeste) a Perpiñán (sur), con la suspensión de la expedición de combustible de todas las refinerías, con una huelga de los recolectores de basura, con escuelas cerradas, trenes y vuelos anulados, etc.

En Annonay (sureste), bastión del ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, más de 2 mil hogares se quedaron sin electricidad, indicó la empresa Enedis. Otros posibles cortes “salvajes” de suministro se registraron en Boulogne-sur-Mer y Neuville-en-Ferrain (norte). El lunes, los huelguistas ya paralizaron tres de las cuatro terminales metaneras por “siete días” y, desde el viernes, hacen caer la producción eléctrica en el sector nuclear.

Pese a la fuerte movilización en las calles, que registraron incidentes con la policía en París y otras ciudades como Rennes, el porcentaje de personas en huelga era inferior al registrado al inicio del movimiento, sobre todo entre los trabajadores del servicio de trenes (un 39% al mediodía según los sindicatos) y los profesores (un tercio, según el gobierno).

Tras fracasar en su intento de convencer sobre la necesidad de la reforma para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, la primera ministra, Élisabeth Borne, busca ahora desacreditar el movimiento de oposición y el lunes calificó la nueva estrategia sindical de “irresponsable”.

La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública. Pero el tiempo apremia. A falta de una mayoría oficialista en el Parlamento, el gobierno escogió un polémico procedimiento que le permite aplicarla, si las dos cámaras no se han pronunciado sobre la misma en los mismos términos para finales de marzo.

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