CD. DE MÉXICO.- ¿Qué creen? Si ustedes piden información o hacen cualquier tipo de petición a una autoridad en Twitter —o bueno, a su cuenta oficial—, las autoridades están obligadas a responderles, nada de que se hacen pato o sacan la clásica de que toda respuesta debe ser por vía “institucional”. Al menos esto fue lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sí, y es que todo fue a partir de la queja que puso un ciudadano, quien envió un tuitazo o tres peticiones a la cuenta oficial del municipio de Guadalajara (en Twitter) para pedir info sobre el gasto público local.
Pero pues la cuenta @GuadalajraGob nunca le respondió y esto provocó que el ciudadano pusiera un amparo para recibir una respuesta… aunque el proceso no fue fácil, pero al final llegó a manos de la Primera Sala de la Suprema Corte.
El ministro Mario Pardo Rebolledo presentó este caso en un proyecto al que le terminaron dando la razón al ciudadano y que refuerza el derecho de petición de la ciudadanía ante las autoridades y vía Twitter.
Sólo que para que esto pueda aplicar, se deben cumplir un par de requisitos que no son tan difíciles. Ahí van:
Que la cuenta a la que escriban sea la oficial. Que esta cuenta interactúe con la ciudadanía y que más allá de comentarios u observaciones, la ciudadanía haga peticiones a las autoridades. No más, no menos —y con base en el artículo 8 de la Constitución Mexicana referente al derecho de petición.
Va de nuevo: con esta resolución la Suprema Corte abrió las puertas del derecho a la petición en Twitter, es decir, que si una persona pide información sobre las fallas en los servicios públicos o algo más preciso como el gasto público, las cuentas institucionales y confirmadas de los gobiernos deben responder por esa misma vía.
Para la Suprema Corte, si una cuenta oficial (en Twitter) de cualquier institución del gobierno ha interactuado con la ciudadanía, su función va más allá de lo informativo y está obligada a responder las peticiones.
En el caso de la persona que pidió info al ayuntamiento de Guadalajara, las autoridades deberán responder ya sea por Twitter o a su domicilio en un plazo de tres días.
Y aunque esta resolución aplica para este caso en particular, la SCJN dejó en claro de que el derecho de petición en Twitter es válido —aunque los amparos que le lleguen de este tipo deberán ser analizados caso por caso.
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