CIUDAD DE MÉXICO.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las autoridades del sector salud del país deben practicar un aborto cuando la mujer lo solicite en caso de que el embarazo sea producto de una violación.
Los magistrados de la Segunda Sala determinaron que “las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, etc, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no sólo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo”.
El criterio sobre la solicitud de interrupción del embarazo tras una violación es resultado de un caso registrado en Cuernavaca.
En 2015 cuando Marisol tenía 16 años acudió junto a sus padres al hospital general José G. Parres, a pedir una aborto pero las autoridades le negaron su derecho y dieron de alta a la paciente, puesto que no existía riesgo a su salud.
Los administrativos del nosocomio pasaron por alto que la violación fue denunciada penalmente, además de que el producto presentaba una malformación congénita, que también era causal para practicarlo.
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