OAXACA.- Las inconformidades de habitantes de pueblos originarios contra las obras de modernización de las vías del Tren Transístmico llegaron hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues representantes de comunidades del sur de Oaxaca denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, lo que consideran graves violaciones a sus derechos humanos, por el avance del programa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En un extenso documento, suscrito por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA), los representantes de las comunidades denuncian que sufren violaciones de derechos humanos, por la aprobación y e implementación del proyecto.
De acuerdo con el texto, cuya copia está en poder de EL UNIVERSAL, se le pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado, que exhorte al Estado mexicano a suspender el Plan de Desarrollo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec hasta no tener “plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales”.
El programa del Corredor Interoceánico se aprobó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio pasado y forma parte del Plan para el Desarrollo del Istmo, que nació mediante otro decreto del 4 de agosto de 2020.
En el escrito enviado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Ucizoni y el CMDA recuerdan que a fines de marzo de 2019 el gobierno mexicano organizó, a través de Hacienda y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), una consulta a las poblaciones originarias, la cual, dicen, no se apegó a protocolos internacionales.
Al cuestionar el mecanismo de la consulta, ambas representaciones de los pueblos indígenas señalaron que se trata de un proyecto de desarrollo ya planeado por las autoridades y que no busca llevarse a cabo de la mano de las comunidades, por lo que la consulta es un proceso que no tendrá influencia alguna sobre las decisiones ya tomadas sobre el proyecto.
El proyecto de siempre
Los quejosos, pobladores de las comunidades que pertenecen a los municipios indígenas de Santa María Petapa (binniza o zapoteco) y San Juan Guichicovi (ayuujk o mixe), denuncian en el documento que la idea del actual gobierno, en el sentido de aprovechar la ubicación geográfica del Istmo, para el traslado de mercancías del Pacífico al Atlántico, no es nueva.
“Su origen se encuentra en el Tratado McLane-Ocampo, acordado en 1859 y mediante el cual se otorgaba a los Estados Unidos, en perpetuidad y con total libertad, el transporte por el Istmo de Tehuantepec, de mercancías sin pago de derechos, así como de tropas, abastos y pertrechos militares”. El tratado fue rechazado por los congresistas estadounidenses.
Además, la Ucizoni y el CMDA rememoran que a lo largo del siglo pasado se han intentado llevar a cabo proyectos de desarrollo similares en el Istmo, entre los que destacan el Plan Alfa Omega, cuyo objetivo era desarrollar un sistema de transporte de carga transístmico empleando contenedores.
Esos proyectos tuvieron diferentes nombres, como el Programa Integral de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, lanzado en 1996 por Ernesto Zedillo; el Plan Puebla Panamá, presentado por Vicente Fox, en 2001; el Sistema Logístico del Istmo, bajo el gobierno de Felipe Calderón, y El Plan Istmo Puerta de América, presentado en 2013 por Enrique Peña Nieto.
Para los hombres y mujeres de Petapa y Guichicovi, que piden la intervención del Alto Comisionado de la ONU, la consulta no fue previa, pues el proyecto del Corredor Transístmico surge desde anteriores administraciones, y tampoco fue culturalmente adecuada, porque no se realizó con base en los mecanismos comunitarios.
En su argumentación, los quejosos plantean que la consulta tampoco fue informada porque desde la campaña presidencial hasta la presentación del proyecto las autoridades han mantenido un discurso favorable para el proyecto de desarrollo, sin que hasta el momento se les informe de los efectos sociales y al ambiente, además de que, aseguran, no fue de buena fe, “porque no hubo diálogo, sino un monólogo del gobierno”.
Tras denunciar las violaciones a la autonomía, al medio ambiente, al derecho a la información y al de la vivienda por parte del Estado Mexicano y de las compañías contratadas para modernizar las vías del Tren Transístmico, la Ucizoni y el CMDA piden al Alto Comisionado de la ONU que solicite al gobierno mexicano medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas.
Además, demandan que solicite información al Estado mexicano y a las empresas constructoras toda la información sobre los estudios de impactos ambientales y sociales del proyecto del Corredor Interoceánico, y que dicha oficina investigue las violaciones a los derechos humanos en agravio de las comunidades indígenas.
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