MADRID.- En la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este sábado, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha manifestado su intención de proceder al cese del Presidente, del Vicepresidente y de los consejeros de la Generalitat de Cataluña, por lo cual considera necesario convocar elecciones “tan pronto como se recupere la normalidad institucional”. Su intención es que se celebren esos comicios en el plazo de 6 meses. Una de las condiciones más importantes para el desarrollo de esas elecciones es que el recién cesado Carles Puigdemont no podrá proponer candidato.
En este sentido, ha querido dejar claro que no se suspende el autogobierno ni la autonomía de Cataluña, sino que se procede al cese de las personas responsables de la desobediencia a la Constitución. También ha señalado que serán los diferentes ministerios del Ejecutivo español los que asuman las responsabilidades que hasta ahora tenían asignadas los miembros de la Generalitat.
Rajoy ha estimado en su intervención que la situación actual responde a las consecuencias del proceso independentista, al que ha calificado de “unilateral” y “contrario a la ley”. Lo más “llamativo y antidemocrático” de todo el proceso, según el presidente, es lo sucedido en los días 6 y 7 de Septiembre [durante los plenos en los que se aprobó la Ley del referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica, respectivamente], cuando “se vulneraron los derechos de los diputados de la oposición y el debate que allí se produjo fue impropio de un sistema democrático”. Recordó también que todas esas decisiones fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Mariano Rajoy también se refirió en este repaso al referéndum celebrado el día 1 de Octubre “sin garantías democráticas”.
“Aplicamos el artículo 155 porque ningún gobierno democrático puede permitir que se viole la ley”, puntualizó el presidente. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ya ha mostrado su apoyo a las medidas anunciadas y en la misma línea que el presidente ha dicho que “es importante aplicar el 155 para preservar la convivencia y la estabilidaddemocrática”.
Por su parte, Carles Puigdemont ya ha anunciado una declaración institucional para la noche de este sábado, a las 21:00, en la que explicará su reacción al anuncio de Mariano Rajoy.
Primera vez en la historia
Es la primera vez que se recurre efectivamente al artículo 155 en la historia de la democracia española.
La decisión concreta de aplicarlo esta vez tiene su raíz la ambigua declaración de independencia que hizo Carles Puigdemont el pasado 10 de octubre, que motivó, por parte del Gobierno de España, un requerimiento formal para que aclarase si se había declarado la independencia o no.
El artículo 155 de la Constitución española, ¿qué es y qué supone para Cataluña?
El Gobierno estableció entonces un plazo para Puigdemont respondiera y, en caso de que su respuesta fuese afirmativa, para que rectificara y volviera a la legalidad. La respuesta definitiva del presidente de la Generalitat, sin embargo, contuvo una amenaza explícita: si el gobierno central aplicara el artículo 155, el Parlament catalán procedería a votar la declaración de independencia.
Al considerar que Puigdemont no ha atendido el requerimiento, el Gobierno de España ha dado curso a los siguientes pasos que constituyen la aplicación efectiva del artículo 155; el Consejo de Ministros que ha tenido lugar en la mañana de este sábado es el primero de ellos, y su función es terminar de perfilar el paquete de medidas con las que se materializará este mandato constitucional.
Ahora todo depende del Senado
La entrada en vigor del artículo podría prolongarse hasta tres semanas, pues el proceso legal implica algunos pasos de obligado cumplimiento. Tras el Consejo de Ministros de este sábado, el Gobierno enviará al Senado un escrito en el que debe detallar las medidas concretas que desea adoptar.
La Mesa del Senado remitiría su escrito y la documentación a una comisión que más tarde requeriría al presidente autonómico Carles Puigdemont que remitiera los datos y las alegaciones que considerase oportunas. Teniendo en cuenta esa documentación, la Comisión admitiría o rechazaría las medidas solicitadas por el Gobierno, pudiendo condicionarlas o limitarlas. Su dictamen pasará después al Pleno de la Cámara para su debate. La aprobación definitiva requiere la mayoría absoluta, que en este caso está garantizada siempre que PSOE y Ciudadanos mantengan el apoyo que ya han dado a las medidas propuestas.
Por último, hay que tener en cuenta que la autorización del Senado no implica que el Gobierno tenga que actuar, ya que puede dar marcha atrás en cualquier momento.
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