CD. DE MÉXICO.- Tras meses de tensión, Morena y sus aliados lograron la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI). En vilo quedan cerca de 15 mil millones de registros contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pues la reforma constitucional aprobada este 21 de noviembre no prevé que pasará con la herramienta.
La dependencia que quede a cargo de los registros tendrá en sus manos la base de datos con información pública más grande del país, equivalente a 40 veces el resguardo del Archivo General de la Nación, según Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto.
En los registros de la herramienta no sólo se encuentra información pública, como contratos y salarios, sino que también hay datos personales de personas físicas y morales, por lo que existe un riesgo de vulneración si no se protege la base de datos de manera adecuada.
La custodia de la base de datos tras la extinción del organismo autónomo se enmarca en un limbo legal. Ante la desaparición del INAI, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, una de las nuevas dependencias creadas por la mandataria y que reemplaza a la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, de acuerdo con la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, no sería posible transferir toda la información de la PNT a esta nueva secretaría, ya que la gran mayoría de la información de la plataforma no compete al ámbito federal.
La herramienta, creada en 2015, a través de la primera Ley General de Transparencia en el país, concentra la información generada por miles de sujetos obligados, estos se definen por ser cualquier entidad, organismo o persona jurídica que está legalmente obligado a garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Es decir, los sujetos obligados abarcan desde las dependencias gubernamentales, en cualquiera de los tres de gobierno, hasta los sindicatos y partidos políticos. En total, la plataforma resguarda la información de 7 mil 407 sujetos obligados, de los cuales 723 son del orden federal y 270 del Poder Ejecutivo.
En otras palabras, la información del 9.34% de los sujetos obligados que concentra la PNT corresponden al ámbito federal y solamente el 3.64% al orden del Poder Ejecutivo.
“La Plataforma no puede ni debe pasar al Poder Ejecutivo porque sólo una parte de su contenido le pertenece. No puede tener ni tutelar información, por ejemplo, del estado de Jalisco o de Zacatecas, de municipios, de universidades o de sindicatos”, señaló la Comisionada Del Río Venegas, durante un foro realizado el pasado 20 de noviembre en Zapopan, Jalisco y organizado por la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Este 21 de noviembre, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la Comisionada del Río Venegas, señaló que en la mayoría de casos que recibe el INAI sobre vulneración de datos personales se han dado desde el Poder Ejecutivo.
“Se levantó un acta, para que los datos que contiene la Plataforma Nacional de Transparencia sólo se trasladen lo que le corresponde al Poder Ejecutivo”, aseveró. La funcionaria adelantó que buscarán mesas de diálogos con Raquel Buen Rostro, la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y que los organismos de transparencia locales ya acordaron no entregar sus datos para esperar reservas ante la reforma constitucional.
La Comisionada espera que puedan anticiparse ante un eventual mal manejo de las dependencias que queden a cargo de la información. “Si el Gobierno federal se quiere quedar con todos (los datos), está bien, nadamás que se haga un acta, nos quedemos con un respaldo… porque el día de mañana no queremos que digan ‘no, la plataforma no tenía nada’, es desde el 2003 la información”, subrayó.
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