CD. DE MÉXICO.- Según las autoridades educativas, casi 100 millones de ejemplares de los nuevos libros de texto elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya se encuentran en bodegas en las 32 entidades de la República para ser entregados a los estudiantes en 228 mil 804 escuelas.
Hay una orden emitida por la jueza federal Yadira Medina Alcántara que suspende su distribución en todo el país porque la SEP incumplió la legislación que establece que para elaborar nuevos libros deben estar basados en planes de estudio ya publicados que hasta ahora no existen, además de abrir consultas para mostrar el contenido a maestros y padres de familia en los estados, cosa que tampoco ocurrió. La secretaria del ramo, Leticia Ramírez, ha dicho con toda claridad que no acatarán esa orden judicial, lo que juristas señalan como un desacato castigable por la ley.
También hay una suspensión provisional otorgada por la Suprema Corte a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para que no se permita la distribución en esos estados.
Existe una resolución de un juez de distrito que ordenó al gobierno del Estado de México no distribuir los materiales.
Además, están en trámite más de 2 mil 200 solicitudes de amparo promovidas por la Unión Nacional de Padres de Familia.
No está claro. La SEP afirma que en el curso de ocho a diez días tras el inicio de clases estarán distribuidos en su mayor parte. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se respetará la suspensión otorgada por la Suprema Corte a Chihuahua y Coahuila, pero presentó al máximo tribunal un recurso para pedir que sea revocada esa orden, el cual será revisado por la Segunda Sala. De las órdenes judiciales restantes no se sabe si serán acatadas y en caso de que no sea así, tampoco están claras las consecuencias legales.
Pedagogos y especialistas en educación han alertado en forma casi unánime por deficiencias técnicas graves en el método de enseñanza, errores en los libros, un desorden pedagógico general y una preocupante minimización de los aprendizajes científicos, especialmente en el área de matemáticas.
La UNPF denuncia una intención política de inculcar a los niños una doctrina ideológica favorable a la llamada Cuarta Transformación, la idealización en los libros de movimientos guerrilleros de izquierda, la anulación del estímulo de superación individual en los niños, entre otros puntos.
Madres de familia anuncian marchas para el 17 de septiembre en la Ciudad de México y otras entidades del país en contra de los libros.
El gobierno defiende los contenidos de lo que han llamado la Nueva Escuela Mexicana y la SEP ofrece conferencias de prensa cada tarde para justificar los cambios.
Será, pues, un regreso a clases polémico como pocos, con batallas jurídicas abiertas, disputas políticas en curso y protestas programadas.
Y falta ver cómo será la reacción de los dos sectores fundamentales una vez que tengan los nuevos materiales en sus manos y deban trabajar con ellos: los 42 millones de estudiantes y los más de 1.2 millones de maestros de educación básica.
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