CD. VICTORIA.- El Congreso de Tamaulipas podría convertirse en el primer poder legislativo del país en establecer sanciones penales y administrativas para los funcionarios públicos que ignoren, incumplan o rechacen sin justificación las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhet).
La iniciativa, presentada este martes por correspondencia por parte del diputado morenista Marco Antonio Gallegos Galván, busca reformar el Artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el objetivo de dar dientes legales a un organismo cuyas resoluciones suelen quedarse en papel ante el desdén de algunas autoridades.
“No podemos seguir permitiendo que las recomendaciones en materia de derechos humanos sean tratadas como simples exhortos sin consecuencias. La impunidad institucional tiene que terminar”, sentenció el legislador desde tribuna.
La propuesta establece que, cuando un funcionario rechace o incumpla una recomendación de la Codhet, deberá explicar públicamente su decisión en el Periódico Oficial del Estado y en medios institucionales.
De persistir en su negativa, el Congreso podrá llamarlo a comparecer en audiencia pública para que rinda cuentas ante los legisladores.
Además, la Comisión estaría obligada a reportar bimestralmente al Congreso todas las recomendaciones no cumplidas, para abrir la puerta a sanciones más severas y garantizar un mayor control político y social.
En casos extremos, si la autoridad omisa no logra justificar su negativa y se confirma una violación a derechos humanos, la Codhet podrá presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado o ante la instancia administrativa correspondiente, lo que marcaría un giro en el funcionamiento del sistema no jurisdiccional de derechos humanos en la entidad.
Gallegos Galván, argumentó que esta reforma responde a una realidad preocupante: muchas de las recomendaciones que las autoridades aceptan en el papel nunca se cumplen en la práctica, a pesar de que existen plazos legales para su ejecución. La falta de consecuencias ha generado un ambiente de impunidad institucional que revictimiza a quienes acuden a la Codhet en busca de justicia.
“Las recomendaciones de una comisión de derechos humanos no pueden quedar a criterio del funcionario en turno. Tienen un peso moral, ético y político que debe ser respetado. Ningún servidor público debería ser enemigo de los derechos humanos”, sostuvo.
Una de las novedades más relevantes de la propuesta es que el Congreso podrá citar directamente a funcionarios que no atiendan recomendaciones, sin necesidad de que la Codhet lo solicite. Esto se justifica, dijo el legislador, en el papel del Poder Legislativo como representante directo del pueblo y garante del orden constitucional.
Esta reforma también se alinea con los principios de la Agenda 2030 de la ONU, en particular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que promueve instituciones eficaces, responsables y transparentes.
“Dar fuerza legal a las recomendaciones de la Codhet no es una amenaza para los funcionarios; es una garantía para las víctimas y para la sociedad”, concluyó Gallegos Galván.
La iniciativa ha sido turnada a comisiones para su análisis, aunque desde ahora genera expectativa sobre si será respaldada por el resto de las fuerzas políticas.
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