TAMAULIPAS.- Un caso de presunto maltrato escolar ocurrido en el municipio de Llera ha escalado hasta los tribunales, luego de que una docente fuera señalada por ciberacoso y por agresiones en contra de una de sus alumnas de primaria.
De acuerdo con testimonios y documentos oficiales, la profesora —identificada como Irlanda “N”— compartió en redes sociales una imagen en la que aparecía el rostro de una familia, incluyendo a dos menores de edad, una de ellas su propia alumna. La publicación derivó en denuncias ante directivos escolares y supervisores, quienes en un inicio consideraron el hecho como “fuera de su competencia”.
Posteriormente, la madre de la menor presentó quejas ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, alegando que la profesora no solo expuso a la niña en internet, sino que después emprendió represalias contra ella dentro del salón de clases. Entre los señalamientos destacan calificaciones injustificadas, exclusión en actividades escolares y un castigo físico aplicado en abril de 2023.
El caso derivó en la apertura de dos carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas: una por ciberacoso y otra por violencia familiar equiparada. La primera ya generó un auto de vinculación a proceso contra la docente.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación contra la profesora y otra servidora pública de la institución, al acreditar violaciones al derecho a la igualdad, al trato digno y al interés superior de la niñez.
En el ámbito administrativo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concluyó que existió omisión y deficiencia en el actuar de las autoridades escolares, al no aplicar los protocolos de protección a menores establecidos en la normatividad estatal.
Actualmente, la maestra señalada se encuentra separada de sus funciones frente a grupo, mientras continúa el proceso legal. La familia afectada cuenta ya con el reconocimiento de calidad de víctimas por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y espera una reparación integral del daño, así como garantías de no repetición.
El caso ha puesto en el centro del debate el papel de las instituciones educativas en la prevención del maltrato infantil y la necesidad de que se respeten los protocolos diseñados para proteger a niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas.
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