CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo jueves un proyecto que desecha el primero de múltiples amparos contra los decretos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar más de dos millones de autos importados al País conocidos como ‘chocolates’.
La Ministra Yasmín Esquivel propuso declarar que las asociaciones de distribuidores de automóviles carecen de interés legítimo o jurídico para impugnar estos decretos, que iniciaron en 2022 y que el propio López Obrador extendió hasta 2026, en una decisión anunciada al cierre de su sexenio.
Estas agrupaciones, tanto estatales como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), cuestionaron los decretos al acusar que existe una afectación a la venta de vehículos nuevos y usados, y porque, afirmaron, equivalen a legalizar el delito de contrabando.
El proyecto de la magistrada, que sólo requiere otros cuatro votos del Pleno para ser aprobado, rechaza que estas asociaciones tengan derecho a impugnar los decretos, que permiten a los dueños de autos llamados chocolates el legalizar un vehículo con un pago de 2 mil 500 pesos al Gobierno, dinero que en teoría se usa para tapar baches.
“El objeto social de la quejosa está relacionado con velar por los intereses de manera general de concesionarios de fabricantes de ensambladoras de vehículos automotores y del comercio automotriz, sin que expresamente se mencione que tiene como propósito en particular los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera o que incluso dentro de su objeto ellos lleven a cabo la venta o regularización de los mismos”, se estableció en el proyecto.
“Este tribunal Pleno considera que es indispensable que las personas físicas y jurídicas al menos demuestren una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuentan respecto del resto de la población, sin que esa afectación pueda demostrarse tan sólo con la escritura constitutiva de una asociación civil, en la que se diga que su objeto social es la protección de determinados derechos en general”.
El amparo que revisará la Corte fue promovido por la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Tamaulipas y, en primera instancia, también fue desechado por un Juez federal.
La AMDA, que agrupa a más de 2 mil 600 distribuidores de automóviles nuevos, urgió al Congreso en junio pasado a derogar el decreto de López Obrador y, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que se le harían cambios, sigue vigente en la actualidad.
Como parte del litigio de un amparo de la AMDA, una Jueza ordenó en mayo de 2024 al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), responsable del programa, varias medidas para mitigar los daños ambientales y otros provocados por la regularización de los autos chocolate.
El SNSP nunca cumplió esta suspensión, que fue revocada en abril pasado por un tribunal colegiado.
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