CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, escenario ante el cual se prepara una iniciativa que presentará ante el Senado de la República sobre protección a menores de edad.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes, la organización Reinserta apoya la iniciativa con proyecto de decreto, la cual busca sumar artículos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección contra agresores sexuales.
Se estima que en México hay 5 millones de menores que han sido agredidos sexualmente y que esta situación se ha visto seriamente agravada a raíz de la pandemia de Covid-19.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, aseguró que a pesar del deshonroso primer lugar en pederastia, se suma que 99% de los casos registrados en el país queda impune.
La aliada en este tema es la senadora Josefina Vázquez Mota, quien preside la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y llevará la propuesta hoy ante la Cámara Alta.
“De mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y, de ahí, sólo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor”, precisó Niño de Rivera.
Agregó que en la capital del país los principales agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes son familiares, seguidos de maestros y sacerdotes, según datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
“El 30% de los agresores corresponde a abuelos o padrastros; 13%, a tíos; 11%, a padres biológicos, y 10%, primos”, dijo.
Niño de Rivera señaló que Reinserta, por su parte, hace visible esta problemática en los centros de reinserción, ya que los casos de agresores sexuales de menores en este segmento social han sido poco focalizados.
La iniciativa, en ese sentido, considera que para las reclusas y reclusos las visitas de convivencia con sus hijas o hijos menores de edad estén sujetas a la autorización de las autoridades competentes, en razón de las evaluaciones —de carácter médico, sicológico, siquiátrico y cualquier otra que se requiera— que se realicen al sentenciado para determinar el riesgo que representa la convivencia con los menores.
La directora de Reinserta explicó que lo que pretende es evitar casos como el de María, una reclusa que tenía cuatro hijas. Una de ellas, Ana, murió a consecuencia del abuso sexual infligido por su propio padre; otra de sus hijas murió a causa de razones desconocidas.
“El padre está preso y María también está privada de la libertad por haberlo permitido y haber sido cómplice del abuso sexual y homicidio de Ana.
“Sin embargo, María, cuando la apresaron, estaba embarazada por tercera ocasión, de Andrea, y hay indicios de que Andrea ha sido víctima de abuso sexual por parte de su papá. Actualmente, María está embarazada dentro de prisión de su cuarto bebé”, refirió la director de Reinserta.
Precisó que la violencia sexual es un problema grave que atenta contra el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual no es visibilizado entre la población en reclusión, por lo que la organización que dirige busca fomentar espacios libres de violencia para los menores dentro de los centros penitenciarios.
“Desde Reinserta hemos visto lo desprotegidos que están los menores en contacto con el sistema penitenciario (…) por la falta de regulación que hay en el tema de agresores sexuales”.
Refirió que también hay muchos niños que han sido revictimizados dentro de las cárceles, sobre todo en casos de las madres en reclusión. Señaló que hay que tener muy claro que los pederastas buscan siempre espacios para estar cerca de los niños.
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