TAMAULIPAS.- Autoridades y productores de Tamaulipas pidieron que se revoque el acta 331 que firmó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y que comprometió un alto porcentaje del agua del Río Bravo para ser entregada a Estados Unidos.
Este acuerdo firmado el pasado 7 de noviembre por los representantes mexicanos y estadounidenses de este organismo, afectará a la población, además de la industria y el campo de toda la zona norte del estado.
El pasado 9 de noviembre México y Estados Unidos firmaron la Minuta 331 de la (CILA) que tiene como fin el regular la entrega de agua al país vecino del Rio Bravo, ejercicio que ocurre cada cinco años y que en octubre del 2025 se habrá de cumplir el lapso establecido.
La nueva acta amplía las fuentes de pago para cumplir con su obligación de entregar a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua del río Bravo cada cinco años, como marca el tratado de 1944.
De acuerdo con el documento, México podría ahora recurrir a dos ríos –ubicados en Tamaulipas– adicionales a los seis ya comprometidos, así como liberar los volúmenes excedentes de las presas de estos seis últimos.
A fin de reducir o evitar un potencial faltante, este país podrá pagar “con agua asignada a México de las aportaciones al río Bravo” de estos seis afluentes.
Esta situación traerá serias repercusiones a más de la mitad de la población de Tamaulipas, aseguró el gobierno del Estado a través de un escrito del dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 11 de noviembre del año en curso.
En este se explica que como es que con este acuerdo se violará el derecho al acceso al agua de más de 1 millón 900 mil habitantes que radican en los 10 municipios fronterizos de la Entidad, ya que estos dependen totalmente del recurso hídrico del Río Bravo y de ninguna cuenca más.
Además del abasto doméstico de la ciudadanía fronteriza, también se vería comprometidas las 202 mil 500 hectáreas del Distrito de Riego 025 Bajo Río San Juan que dependen del agua del Bravo.
En el circular que emitió la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, entregado a la Oficialía de Partes de la Oficina de la Presidencia de la República de México y firmado por el ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, se extiende la preocupación de Tamaulipas ante esta firma, que se asegura, viola un tratado establecido desde 1944 y deja en estado de vulnerabilidad a los millones de tamaulipecos de habitan en los 10 municipios de la frontera estatal.
El documento señala que “prácticamente el agua que se compromete para entregar a Estados Unidos en el Acta 331, es agua que en más de un 95% corresponde a Tamaulipas, en virtud de que la tenemos concesionada y asignada de estas presas de la cuenca del Río Bravo. Por otro parte esta acta deja prácticamente sin compromiso al resto de las presas de la cuenca del río bravo que solo verterán volúmenes cuando estén en el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), lo que significa que prácticamente solo comprometen volúmenes cuando se presenten fenómenos hidrometeorológicos extremos”.
Recuerda que en diciembre del 2023 se pretendió efectuar una acción igual a la Minuta 331 cuando Andrés Manuel Lopez Obrador se encontraba finalizando su penúltimo año de gobierno federal, lo que se suspendió por parte del entonces mandatario de la República al catalogarlo como violatorio al Tratado Internacional de 1944.
Por tales razones, el gobierno de Tamaulipas solicitó se dejara sin efecto el acta 331 por ser improcedente al violar un acuerdo histórico, además de que el agua que se pretende entregar a los EEUU, es un recurso que pertenece mayormente a Tamaulipas y ya está asignada y concesionada para usos domésticos y agrícolas.
Productores del norte del estado también se pronunciaron al respecto y advirtieron que el cumplimiento de esta acta ocasionaría un desastre económico para la frontera.
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