CIUDAD VICTORIA.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas abrió en abril 13 carpetas de investigación por delitos relacionados con actos de corrupción en los últimos dos años.
De acuerdo con información emitida por la PGJT, por medio de Transparencia, son 13 los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho los que se encuentran bajo investigación por la fiscalía tamaulipeca, los cuales involucran a funcionarios de nivel municipal y estatal.
Por el delito de cohecho, son nueve las investigaciones que trabaja la PGJT, las cuales se presentaron en municipios como San Fernando, Padilla, Matamoros, Reynosa, Altamira, Victoria y Nuevo Laredo, datos contabilizados del primero de enero del 2016 al mes de marzo del 2017.
Por enriquecimiento ilícito, sólo se cuenta con una denuncia penal, carpeta que fue iniciada el 18 de octubre del año 2016, y que se encuentra en trámite, tal como lo informó la fiscalía de Tamaulipas, caso que se encuentra en el tribunal de ciudad Victoria.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de cohecho se comete cuando un funcionario público solicita o recibe dinero o cualquier dádiva, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
En tanto, por el delito de peculado son tres carpetas de investigación abiertas por la procuraduría, las cuales fueron abiertas durante la administración gubernamental 2011-2016, tal como lo informa la PGJT, proceso que son investigados en Nuevo Laredo y Mier.
Los delitos de peculado se siguen a dos ex funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, quienes son investigados por cifras de 100 a 200 mil pesos, tal como lo detalló el Poder Judicial de Tamaulipas en una solicitud de transparencia.
En tanto, actualmente son poco más de 90 los funcionarios públicos que se encuentran bajo investigación de la Auditoría Superior de Tamaulipas, que de comprobarse sus irregularidades, se iniciará un proceso legal en contra de éstos.
Durante el mismo periodo de tiempo, (2016-2017), la Auditoría Superior de Tamaulipas, sancionó a sólo dos funcionarios públicos, a quienes se les interpuso una suspensión para laborar en el servicio público de uno a tres años, tal como lo informa el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados.
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