Una jueza de la ciudad de La Esperanzas revocó la decisión judicial que le impedía salir del país al ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del crimen de la hondureña Berta Cáceres.

En un comunicado, el Ministerio Público manifestó que se “presentó el día de ayer ante el juez competente del Juzgado de Letras Primero de Intibucá, el cese de la medida impuesta al ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, para que pueda salir del país por haberse agotado todas las investigaciones y pruebas científicas”.

Agregó que “sin embargo, se establece que no se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación. La Fiscalía quiere agradecer al señor Castro Soto por toda la colaboración brindada”.

El Ministerio Público informó que intervino la empresa que grupos ambientalistas han denunciado por el crimen de Berta Cáceres, dirigente indígena asesinada el pasado 3 de marzo.

“El pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)”, informó la Fiscalía hondureña en un comunicado público.

DESA es la responsable de ejecutar el proyecto de la represa Agua Zarca, al cual la dirigente ambientalista se opuso y denunció, en el río Gualcarque, considerado sagrado por las comunidades indígenas.

“Sobre el caso de la líder ambientalista Bertha Cáceres, el Ministerio Público ha evacuado casi en su totalidad las investigaciones científicas en su primera fase, además el pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en donde se han decomisado armas, secuestrados documentos y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación que se sigue en este caso; De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.

En colaboración con el COPINH, se están haciendo verificaciones de algunos eventos donde la señora Bertha Cáceres recibió amenazas, dichas diligencias son parte de las ejecuciones llevadas a cabo por los expertos involucrados en la investigación, reiterando al pueblo hondureño que todas las acciones que el Ministerio Público hace están bajo el control jurisdiccional a efecto de asegurar y preservar las fuentes de prueba, respetar los derechos fundamentales de las víctimas, testigos y sospechosos”.

Defensores de Derechos Humanos de Honduras habían interpuesto un recurso de Habeas Corpus en la Corte Suprema de Justicia para que permitan la salida del país del mexicano y señalan que las normas hondureñas permiten la retención de un testigo durante seis horas y ya han pasado 14 días del asesinato de Berta Cáceres y Castro continúa siendo retenido.