CD. VICTORIA.- Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una segunda denuncia contra Raúl Ramírez Castañeda por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, cuando estuvo al frente de la UIFE.
En la denuncia presentada la mañana de este lunes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, se señala que Ramírez Castañeda, entregó beneficios económicos a familiares, otorgando indebidamente nombramientos a personas sin la preparación académica requerida.
Se señala el caso de Carlos Emiliano Ramírez Pizarro, hijo de Raúl Ramírez, habría sido contratado en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas como administrativo del departamento de financieros en la Dirección administrativa, sin contar con el título de licenciatura.
Luego en 2022, con su título de Contador Público de la Universidad del Norte de Tamaulipas, fue nombrado secretario particular de la Secretaría de Finanzas.
Otro caso es el del cuñado del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Ricardo Pizarro Pizarro, quien sin ser abogado de profesión y cuyo grado máximo de estudios es el nivel de secundaria, fue designado como auxiliar jurídico de la UIFE.
En la denuncia se señala además que Raúl Ramírez benefició a Gloria Luz Buendía Mestas, quien formaba parte del despacho particular “Ramírez Castañeda y Asociados”, y a quien le otorgó el cargo de jefa del Departamento de Extinción de Dominio y Amparo en la UIFE.
Al inicio de la presente administración estatal, las tres personas renunciaron a sus cargos, sin embargo y tras una revisión a las nóminas, se comprobó que no acudían a laborar, pero sí cobraban sueldo y compensaciones.
Raúl Hernández Chavarría señaló que el pago a estos tres funcionarios, representaba una erogación de un millón 948 mil 932 pesos, lo que representaría un daño para el presupuesto de la Secretaría de Finanzas.
La ley prevé que el delito de ejercicio abusivo de funciones lo cometen aquellos servidores públicos que, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, realicen actos jurídicos que produzcan beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente.
Se incluye a parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, lo que se tipifica como delito.
La Ley también prohíbe a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones otorguen empleo, cargo o comisión públicos que sean remunerados, sabiendo que no prestará el servicio, lo que equivale al Abuso de Autoridad.
La denuncia agrega que “los hechos denunciados tienen la apariencia de los delitos de Abuso de autoridad previsto por el artículo 212, fracciones IX y XI, ejercicio abusivo de funciones, previsto por el artículo 226, fracción I y tráfico de influencias, previsto por el artículo 228, fracción III, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas”.
Apenas el pasado 16 de mayo, Raúl Hernández Chavarría presentó una denuncia contra el hoy Fiscal anticorrupción por el saqueo y robo de información de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En la denuncia se señaló que apenas días antes de la entrega de la dependencia a la Secretaría de Finanzas, fueron sustraídos más de 50 bienes muebles, como mobiliario de oficina, equipo de cómputo, electrónicos, ploters, muebles, salas de juntas entre otros, mientras que la información de los equipos de cómputo fue eliminadas o borrada.
El Director jurídico de la UIFE, Luis Fernando Ricardi Constantino, explicó que entre los delitos que se pueden configurar se encuentran el uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, coalición de servidores públicos y abandono de funciones públicas.
En diciembre del año pasado, el Congreso de Tamaulipas dio reversa a diversas leyes aprobadas por legisladores panistas, entre ellas, el que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica pasara a la Fiscalía Anticorrupción.
A partir de esa fecha, la UIFE regresó a la Secretaría de Finanzas, donde originalmente inició, siendo el 16 de enero de este año, cuando la dependencia fue entregada administrativamente a los nuevos funcionarios.
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