San José. – Encubierto en la medianoche, el niño—sicario costarricense mostró su osadía y, con unos recipientes de plástico cargados de un líquido inflamable en su poder, se acercó sigiloso a una casa de unos vecinos en su mismo temible y empobrecido barrio en Costa Rica. Con la complicidad de dos adultos, el menor incineró los vehículos de los ocupantes de la vivienda y cuando los agredidos salieron a combatir el fuego, los agresores los atacaron con armas de fuego y huyeron.
Por los violentos hechos, que se registraron a mediados de noviembre anterior en el sur de San José, el precoz delincuente fue detenido el 9 de este mes por agentes judiciales en otro domicilio de la barriada y acusado de tentativa de homicidio, incendio y amenazas.
El incidente callejero, descrito por la Fiscalía General de Costa Rica en un informe que remitió a EL UNIVERSAL, solo se convirtió en uno más de los múltiples casos del fenómeno de sicariato infantil y juvenil que, a diario y sin cesar, emerge en gran cantidad de comunidades marginadas de América Latina y el Caribe con el incesante reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años.
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“En muchos países de América Latina y el Caribe tener menos de 18 años puede ser sumamente peligroso. En muchos barrios el simple hecho de cruzar de una calle a otra puede suponer la muerte”, dijo la española Esther Ruiz, especialista regional en Protección de la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) en la zona.
“Abandonar la escuela es demasiado a menudo la única salida de niños, niñas y adolescentes para escapar de las amenazas de las pandillas y del reclutamiento forzoso, que suelen producirse cuando atraviesan zonas controladas por las bandas en el camino hacia y desde la escuela, o incluso en la propia escuela”, narró Ruiz a este diario.
“Cada año muchos niños, niñas y adolescentes se ven abocados a convertirse en delincuentes involuntarios uniéndose a maras, combos, pandillas”, relató, en referencia a los diversos nombres de organizaciones criminales.
Al aclarar que “cada caso es diferente”, subrayó que “muchos de estos niños, niñas y adolescentes se unen a estos grupos como consecuencia de una combinación de pobreza y falta de oportunidades, violencia en el hogar y en la comunidad, presión social, etcétera”.
Tras alertar que “las intervenciones aisladas no funcionan”, indicó que urge una “estrategia multisectorial” que incluya leyes para proteger a los menores de la agresión, controlar su “acceso a armas”, rechazar que “la violencia contra los y las más pequeños” se normalice e impulsar planes de seguridad y deporte en zonas con “mayores índices de criminalidad”.
En un efecto combinado de la crisis de la infancia por violencia, cierre de escuelas por el coronavirus, postración social y cambio climático, el número de niños, niñas y adolescentes que se sumará en 2022 en América Latina y el Caribe al flujo migrante irregular a Estados Unidos, vía México, llegaría a 3,5 millones con un aumento del 47% frente a 2021, previó Unicef en un reporte que emitió este mes.
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En el olvido
Insertados en las calles de Honduras, Guatemala y El Salvador en sicariato infantil o juvenil al servicio de maras o pandillas, reclutados en las montañas de Colombia por las guerrillas comunistas colombianas (activas y disidentes) para narcotráfico y labores bélicas o atrapados en las favelas o barrios marginales de Brasil por redes criminales, los menores son victimarios y víctimas.
Captados por las bandas delincuenciales en los trillos de miseria y exclusión social de México, Haití, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica o Nicaragua, tienen fama de atrevidos, rápidos e implacables en robos, vigilancias, cobro de extorsiones, asesinatos, secuestros o narcomenudeo.
Recuentos policiales confirmaron que en algunas oportunidades aceptan actuar bajo la amenaza de los criminales de que, si se niegan, sus familiares serán asesinados.
Las mafias, que saben que las leyes tampoco los exoneran de sanción penal, los buscan por precio: el pago a un menor por una idéntica misión será inferior al de un adulto.
“Una sociedad es vulnerable cuando hay involucramiento de menores en hechos ilícitos”, afirmó la trabajadora social salvadoreña-hondureña Ludin Caballero, asesora de protección infantil y directora para El Salvador de Programas de Save the Children, institución mundial no estatal de defensa de los derechos de la niñez.
“Son estados que incumplen el mandato constitucional de proteger la vida de las personas y garantizar su desarrollo. Cuando niñas y niños que, en vez de ir a la escuela o a jugar, están en sicariato o narcotráfico, es porque la sociedad ha incumplido su deber de protección”, explicó Caballero a este periódico.
“Hay condiciones desfavorables por las que son víctimas del crimen organizado. Por la frustración y la incertidumbre acumuladas por el Covid-19, caen en estos grupos”, agregó.
Al destacar que puede detectarse a un menor que empieza a unirse “al camino peligroso” de una red criminal, señaló que “primero los usan en vecindarios como informantes de movimientos policiales o de pandillas rivales o vigilantes de casas de seguridad”.
“Es la fase para sacarlos de la vulneración y evitar que lleguen a mayor involucramiento”, sugirió.
El (estatal) Alto Comisionado de la Paz de Colombia reportó que 14 mil 200 menores fueron reclutados por las guerrillas colombianas de 2002 a 2020. Cifras oficiales revelaron que 720 fueron involucrados, de enero a octubre de 2021, en homicidios en Costa Rica, con un dato oficial de población penal juvenil de 553 personas a diciembre de este año.
Consultada por este medio, la abogada costarricense Debby Garay, fiscal adjunta Penal Juvenil de Costa Rica, planteó que “es posible que los menores aspiren a ocupar posiciones de poder” en un grupo criminal y, con muestras de confianza y lealtad, “poder escalar” en la estructura.
Por su evolución e inmadurez, alegó, los menores “son sumamente influenciables e impresionables” por los mayores en las organizaciones criminales.
América Latina y el Caribe sumaron aproximadamente 1 millón 750 mil reos menores y mayores a octubre de 2021, según World Prison Brief, informe del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres.
Sin datos actualizados sobre menores, el reporte precisó que en México hubo más de 10 mil 990 (4.3%) en 2013, unos 540 (2.1%) en Ecuador a 2014, más de mil 144 (4.6%) en Guatemala a 2013, unos 600 (3%) en Honduras en 2017, más de 55 (0.6%) en Nicaragua en 2012 y unos 40 (o.1%) en Chile en 2014.
Las cifras de fuentes oficiales de cada país exhiben el drama del fenómeno. El Salvador contabilizó 624 menores encausados por homicidio en 2015, mientras que 6 mil 835 menores fueron procesados judicialmente en Honduras de enero de 2009 a octubre 2013 por sicariato, extorsión y robo.
Argentina registró 255 detenciones de menores por asesinatos y 73 por intentos de asesinato en 2014 y Colombia arrestó, en edad juvenil, a 2 mil 966 hombres y 152 mujeres por homicidio y asesinato entre 2005 y 2015.
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