En una violación al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), el gobierno mexicano permitió en 2018 y 2019 la exportación de unidades blindadas que utilizó la policía de Cali (Colombia) durante las violentas protestas que dejaron docenas de heridos y muertos y que azotaron a esa nación sudamericana en abril y mayo últimos.
En 2018, la empresa colombiana 7M Group vendió a la Policía Nacional (PN) de Colombia, dependiente del Ministerio de Defensa, cinco unidades por un total de 1.88 millones de dólares, según cifras reportadas por el gobierno de la nación sudamericana al sistema de estadísticas comerciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al año siguiente, la operación consistió en seis vehículos por 1.4 millones de dólares.
La empresa colombiana 7M Group S.A. vendió las cinco tanquetas lanza-agua marca International, a combustión a diesel y en color negro, bajo la modalidad del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos, según la orden de compra 26444 del 12 de marzo de 2018, consultada por EL UNIVERSAL.
La PN justificó la operación por requerir la adquisición “para garantizar la vida del personal uniformado que atiende casos de protesta social y orden público a nivel país”.
El 22 de noviembre de 2018, la Policía Nacional solicitó la modificación de orden de compra por retrasos para que las unidades salieran del puerto de Altamira, en Tamaulipas, con destino al puerto colombiano de Cartagena.
La institución recibió las unidades el 14 de diciembre de 2018 y exoneró a la empresa del pago del IVA de 19%, equivalente a unos 29 mil dólares, según el certificado de exención fiscal 0330 firmado por el general Jorge Hernando Nieto, entonces director General de la PN. La factura 1500008678, emitida el 31 de diciembre de 2018, consigna esa exención.
Centigon México S.A. de C.V., filial mexicana del Centigon Security Group —propiedad del conglomerado chino Dongfeng Design Institute Co Ltd.—, vendió los vehículos a 7M, que suministra servicios de consultoría, suministro de vehículos y representación de marcas y ofrece dos tipos de tanquetas para transporte de personal y otra lanza-agua. Centigon tiene una planta en Ciudad de México, otra en San Pedro (Nuevo León) y una más en Bogotá.
La segunda operación está reflejada en la orden de compra 46090-2020 del 13 de marzo de 2020, con prórrogas marcadas para el 30 de octubre y 31 de diciembre de ese mismo año. La PN recibió los vehículos el 25 de diciembre último.
Esos carros blindados clasifican en la categoría II de la ONU, pues están diseñados y equipados para transportar cuatro o más tripulantes, armados con un arma o un lanzamisiles.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), organismo responsable de notificar la venta y compra de armamentos ante el TCA, no reportó esos envíos ante la secretaría del tratado, al cual pertenece y que está vigente desde 2014, ni ante el Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA, en inglés).
En sus informes 2018 y 2019, el gobierno mexicano omitió la exportación de esos vehículos. Además, no hay evidencia de la emisión del certificado de usuario final, que evalúa el riesgo de que equipos y materiales contribuyan a potenciales violaciones a derechos humanos en el país importador.
El TCA, que Colombia firmó y no ha ratificado, regula el comercio internacional de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves y buques bélicos, y busca prevenir y erradicar el intercambio ilícito y el desvío de armas convencionales mediante la aplicación de estándares de transferencias.
México, que presentó su informe anual 2020 el 28 de mayo pasado, ha sido uno de los promotores más fuertes del tratado, debido al tráfico irregular de armas desde Estados Unidos a territorio azteca y que alimenta la violencia que azota al país desde los años 2000. Además, copreside el Grupo sobre Transparencia.
La transparencia del flujo y control de armas es uno de los compromisos del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, integrada por funcionarios y representantes de la sociedad civil.
La SRE dijo que el tema es jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que mandó al periodista a preguntar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Desde 2018, Sedena no ha emitido licencias de exportación de blindados ni ha entregado certificados de usuario final, según respuestas entregadas vía Inai, y que suponen interrogantes sobre la realización de análisis de riesgos contenidos en el TCA.
La crisis colombiana, desatada por la fallida reforma fiscal emprendida por el gobierno ha dejado al menos 44 muertos y unos 650 heridos.
Katherine Aguirre, experta en reducción de violencia armada del Instituto Igarapé en Cali, y Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) de Colombia, cuestionan el papel de esos camiones en ciudades como Cali.
Las unidades que salieron de México se usaron en Cali, Colombia, indican expertos y ONG. Foto: Facebook Live Usuario “Made in Cali”
Las unidades “llegaron en un momento en que la agudización de la violencia en el marco de las protestas no había llegado al momento en que llegó. En las protestas violentas, Colombia se enfrentó a la existencia de armas que fueron indicadas como gran fuente de victimización para los manifestantes. Hicimos un llamado ante el uso de armas llamadas menos letales que han resultado letales. Hay una agudización en el uso de estos armamentos que sí resultan letales”, dice a EL UNIVERSAL.
Para Sanabria, los blindados se utilizan para atropellar a la gente. “Así las llamen no convencionales o no letales, se ha demostrado que tienen una alta letalidad, dependiendo de cómo se usen. Y en Colombia se usaron como armas ofensivas. El hecho de que el camión, con todos los aparatos que traiga, chorros de agua, disparadores de bombas, es una violación flagrante al tratado”, acusa ante esta casa editorial.
La sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) confirma la presencia de esas unidades en las calles colombianas. “Está verificado que se utilizaron en actos de uso excesivo de la fuerza, de uso inadecuado de armas de fuego. Hay grabaciones, fotografías y videos, y pudimos verificar a través de nuestro equipo audiovisual la numeración de los vehículos con los que México transfirió a Colombia”, explica Edith Olivares, directora ejecutiva interina de AI.
Defectos estructurales
La operación refleja fallas sistémicas en la SRE, Sedena, que emite las licencias de exportación; la PN y las aduanas de ambos países.
Montserrat Martínez, investigadora de la organización Control Arms en México, explica a EL UNIVERSAL que México incumplió el artículo siete del TCA, al no efectuar evaluación de riesgo de que el equipo comercializado pueda usarse para cometer violaciones a derechos humanos por su uso en represión durante protestas sociales.
El vehículo “pudo venderse blindado, aunque no equipado; sin embargo, si tenía la capacidad de equiparse, debió de reportarse”, señala.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, señala falta de aplicación de debida diligencia, especialmente por tratarse de un país —Colombia— donde “hay una situación que conlleva serias violaciones a derechos humanos”.
“México no puede reclamar que no sabía a quién le exportaba. Es una falla de catalogación de la autoridad aduanera [mexicana], pero falló también la Aduana de Colombia [DIAN], pues debió exigir el trámite para la nacionalización del bien. [El sistema] no debe descansar sólo en la catalogación de la exportación”, analiza el experto.
El TCA estipula que las partes se comprometen a instaurar y aplicar un sistema de control para estos bienes, para cuyo uso también contiene disposiciones.
Ambos países no informan directamente a UNROCA de exportaciones e importaciones de armamento, sino vía sus socios comerciales. Pero todo el andamiaje alrededor del tratado carece de mecanismos de queja y sanción por incumplimiento.
El Reporte de Monitoreo 2020 del TCA, con base en cifras de 2018, señala que México excluyó algunos datos por razones de “sensibilidad comercial/seguridad nacional” y no especificó cuánta información retuvo. Asimismo, México registró cero exportaciones en 2018.
Foto de los vehículos usados en Colombia que la marca Centigon tiene en su sitio. Foto: Centigon
La SRE ya abrió una investigación interna sobre las exportaciones. “México ha tenido un rol muy importante en negociación y vigilancia en el tratado y por eso nos parece importante que mantenga ese papel de vanguardia y que aplique análisis de riesgo bajo el TCA y aproveche esta oportunidad para revisar su política de exportación”, propone Olivares.
En mayo pasado, un colectivo de organizaciones pidió a los exportadores la suspensión inmediata de las autorizaciones de material defensivo y potencialmente letal a Colombia para “su revisión exhaustiva” y freno a las exportaciones y la cooperación ante la evidencia de graves violaciones de derechos humanos, y urgió a la revisión de las condiciones de envío de equipos y servicios de control de multitudes y disturbios.
Restrepo sugiere transparencia y rendición de cuentas para evitar la repetición de esas exportaciones. “No se trata de prohibir el acceso, sino poner en práctica todas las medidas para que no puedan ser utilizadas para la violación de derechos humanos”, aconseja.
La Séptima Conferencia de las Partes del TCA se realizará en Ginebra, Suiza, del 30 de agosto al 3 de septiembre, una oportunidad para cuestionar las operaciones referidas.
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