CHINA.- Desde el año 2018, China no ha tenido ningún problema en reconocer que han comenzado a instalar “estaciones de servicio policial” en varias ciudades del mundo, que van desde Buenos Aires hasta Tokio, las cuales tienen la función de supuestamente ayudar a los ciudadanos chinos con su trámites legales y “recopilar inteligencia” de sus compatriotas en el extranjero.
Este año, la policía de la ciudad china de Fuzhou, anunció que ya se han establecido 30 de estas estaciones policiales a nivel internacional, destacando la presencial de al menos seis de ellas en América Latina.
En la región, se destacan dos estaciones en Ecuador, una en Quito, capital del país y la otra en Guayaquil. Mientras que en Chile se registra una de estas oficinas en la ciudad costera del Viña del Mar, muy cerca de la capital, Santiago.
En el caso del lado atlántico del cono sur, hay otras tres estaciones, dos en Brasil, situadas en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, mientras que en la capital argentina, Buenos Aires, también existe la presencia de una de estas comisarías chinas.
En un principio, la comunidad internacional no le prestó mucha atención a esta situación, pero en las últimas semanas han cobrado gran relevancia despertado la alarma entre los gobiernos europeos que ya desconfían de la creciente influencia extraterritorial del régimen de China.
La organización benéfica de derechos humanos, Safeguard Defenders, publicó una primera revisión detallada sobre estas oficinas de la policía china en septiembre.
El informe motivó a que los Países Bajos declararan ilegales dos de esas instalaciones en Amsterdam y Rotterdam y ordenaron su cierre.
Irlanda seguió esta acción y también exigió el cierre de otra oficina en Dublín. Mientras que el ministro de seguridad del Reino Unido, Tom Tugendhat, aseguró este mes ante el Parlamento británico que los informes de las estaciones policiales chinas eran “extremadamente preocupantes”.
Por supuesto que el régimen de Beijing ha negado que las estaciones de servicio policíal en el extranjero tengan algún papel de vigilancia. Sin embargo, la policía local de Qingtian declaró con orgullo que el “trabajo de la policía extranjera” iban desde “ayudar” a los compatriotas con el papeleo hasta “recopilar inteligencia”.
“Hasta donde sabemos, las instituciones a las que se refirió no son ‘comisarías’ o ‘centros de servicios policiales’”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de China con respecto a las oficinas.
El ministerio insistió en que las instalaciones se usaron para “brindar servicios administrativos”, como renovaciones de licencias de conducir, a ciudadanos en el extranjero. Pero no explicaron por qué las embajadas o los consulados no pueden realizar ese trabajo.
Moritz Rudolf, miembro de la Facultad de Derecho de Yale y quien además, está investigando las implicaciones del ascenso de China en el orden legal internacional, dijo que estas estaciones policiales, también eran una pequeña parte de las ambiciones mucho más amplias de Beijing para hacer cumplir sus leyes fuera de su territorio, según publicó el medio británico, Financial Times.
“Desde 2019, China ha estado aprobando más leyes con aplicaciones extraterritoriales, un comportamiento normal para una potencia emergente. China trata de ponerse al día con los EEUU, pero ni siquiera está cerca cuando se trata de hacer cumplir sus leyes nacionales en el extranjero, particularmente en Europa”, denunció Rudolf.
La policía de Qingtian ha dicho que utiliza sus estaciones para “persuadir a regresar”, a los ciudadanos chinos en el extranjero, acusados de ser sospechosos de crímenes eludiendo los procesos formales de extradición através del acosando como parte de una campaña empleada por el régimen de Beijing.
La campaña “persuadir a regresar” es parte del creciente esfuerzo del régimen chino para perseguir a aquellos que considera delincuentes en el extranjero, un impulso destinado tanto a tomar medidas enérgicas contra los delitos transnacionales como el fraude en línea como a perseguir objetivos políticos, publicó el Financial Times.
El viceministro de seguridad pública de China, Du Hangwei, dijo en abril que 210.000 “estafadores” habían sido “persuadidos” de regresar en 2021. Sin embargo, no dio detalles de los métodos de persuasión utilizados.
Wang Jingyu, un disidente político chino quien se encuentra exiliado en los Países Bajos, denunció haber ecibido múltiples llamadas de acoso desde números chinos que figuran como pertenecientes a una estación policial establecida en Fuzhou, China.
“Me dijeron que fuera a la comisaría de policía en el extranjero de Róterdam para entregarme y que pensara en mis padres en China. No pensé que fuera real, ¿cómo podría haber una estación de policía china aquí?”, dijo Wang.
“Algunas de estas personas son buenas, algunas son malas, pero el problema es sobre el derecho a un juicio justo y a no ser torturado”, dijo Peter Dahlin, fundador de Safeguard Defenders.
“No se tolerará ningún intento de expatriar ilegalmente a ninguna persona”, dijo el ministro de seguridad del Reino Unido.
En una investigación realizada por el Financial Times, intentaron comunicarse con varios de los números de las estaciones policales chinas establecidas en Europa. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Salvo, la de un hombre que respondió al número de la estación de Madeira, en Portugal, hablando en chino-mandarín y dijo que la línea servía a una asociación local que organizaba eventos sociales para los emigrantes de Fuzhou, no a una comisaría de policía.
Cerrar las estaciones no acabará con el deseo del régimen de Beijing de ampliar su alcance policial. Como muestra de ello, en el año 2020 entró en vigencia la ley de seguridad nacional de Hong Kong que tipifica como delito el apoyo la independencia de la ciudad de China por parte de cualquier persona, en cualquier lugar.
Asimismo, aprobaron una legislación contra el “fraude en línea” que entra en vigor en diciembre y que criminaliza las estafas en el extranjero que tienen víctimas en China.
Un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bloqueó en octubre la transferencia de un ciudadano taiwanés de Polonia a China. Lo que le complicará al régimen de Beijing poder concretar su ambición de trasladar ciudadanos chinos en el extranjero hasta su territorio.
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