URUGUAY.- Eso dijo la fiscal uruguaya Mariela Nuñez sobre el “muy doloroso” caso que tiene a su cargo: el de una pequeña que fue abusada por el padre de una amiga.
Lo que hace que este caso sea particularmente estremecedor y que esté conmocionando a la sociedad uruguaya, es que la niña “se sometió voluntariamente al abuso para obtener una prueba para que los adultos creyéramos en ella”, según denunció Nuñez.
A través de un comunicado, la funcionaria, a cargo de la Fiscalía de la ciudad de Artigas, en el norte del país, contó cómo habían ocurrido los hechos.
“La víctima, una niña de 10 años, concurría a jugar y escuchar música asiduamente a la casa de una amiga de la misma edad, en esas circunstancias aprovechando momentos en que su esposa estaba trabajando, el abusador mandaba a su hija al almacén para quedarse a solas con la pequeña y procedía a manosearla en sus genitales”, detalló.
“Estos hechos fueron realizados en reiteradas ocasiones en el transcurso de un año, hasta que la propia hija presencia uno de ellos y le dice a su amiguita que sabe lo que su papá le está haciendo, que tiene mucho miedo de su padre y que nadie les va a creer, por lo que ambas planean filmar tal situación, lo que logran luego de varios intentos”.
Laptop escolar
Las niñas -que no han sido identificadas- filmaron los abusos con una “Ceibalita”, como se conoce a las computadoras portátiles que el Estado uruguayo le entrega a todos los estudiantes, como parte del Plan Ceibal.
El acusado, identificado únicamente con las iniciales JCSB, es un hombre de 62 años de clase media, sin antecedentes penales y ya fue procesado con prisión.
La justicia informó que si bien su esposa y un hijo de la pareja también fueron detenidos, ambos fueron dejados en libertad “al no existir elementos que determinaran que estaban en conocimiento de los hechos”.
De ser condenado, el abusador podría recibir una pena de entre dos y seis años de cárcel, debido a que la víctima es menor de 12 años.
“Los niños no mienten”
En el comunicado que dio a conocer la fiscal luego de que varios medios se hicieran eco del conmovedor caso, la letrada pidió que se escuche más a los menores.
“Esta acción tan valiente de una niñita abusada debería servir no solo para que se haga justicia, sino para que toda la sociedad tome conciencia de que estas cosas pasan con más frecuencia de la que creemos y que los niños no mienten, no inventan”, afirmó.
También pidió que quienes sospechen de un caso de violación hagan la denuncia, “aunque crean que no existen pruebas”.
La Fiscalía pidió que el Estado haga un seguimiento de la situación de las dos niñas involucradas en este caso, que -según algunos medios- estarían recibiendo asistencia psicológica.
La causa llegó a la justicia gracias a que la víctima de los abusos le contó a su tía y le mostró los videos, y luego el padre de la menor hizo la denuncia presentando la evidencia.
Sin embargo, quienes trabajan con temas de abuso sexual infantil aseguran que la mayoría de los casos no son denunciados y, cuando lo son, son desestimados por falta de evidencia.
Barreras
“Hay tres barreras que enfrentan las víctimas”, explica Andrea Tuana de la Asociación Civil El Paso, que se dedica a asuntos de violencia doméstica y sexual.
“La primera es cuando se lo cuentan a alguien dentro del ámbito familiar -una tía, la mamá- y no les creen. La segunda es cuando se denuncia a algún adulto referente, como alguien que trabaja en salud o educación, aunque hoy se acciona más que antes”, afirma.
“Pero la principal barrera que existe hoy en Uruguay es la justicia, ya que desestima la mayoría de los casos por falta de evidencia”, asegura a BBC Mundo la experta.
Según el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en 2016 hubo 2.647 casos de violencia intrafamiliar y el 20% correspondió a abusos sexuales contra niños.
Para Tuana esa cifra es un subregistro. “Esos son los casos denunciados ante la INAU pero en realidad son muchos más”.
La activista por los derechos de los niños se basa, por ejemplo, en la “gran cantidad de adultos que admite haber sufrido abusos en la infancia y cuenta que cuando lo denunció no le creyeron”.
“La realidad es que conocemos muy poco de la magnitud real del problema”, reconoce.
La Asociación Civil El Paso es una de las ONG que aboga para que el Parlamento declare ilegal que se use la teoría del “Síndrome de Alienación Parental” (SAP) para desmerecer casos de abuso infantil.
El SAP es un supuesto desorden psicopatológico -muy cuestionado y ampliamente rechazado- por el cual un menor podría acusar falsamente a su progenitor de hacerle daño.
“El caso de esta pequeña demuestra que no creemos en la palabra de los niños, los desacreditamos, no los escuchamos”, señala Tuana.
Para ella “el problema es cultural: es no querer aceptar que el abuso sexual existe”.
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