SAN LUIS POTOSÍ.- La familia de Lupita Viramontes vive una nueva pesadilla, tras el feminicidio de la adolescente asesinada el 29 de junio de 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cuando ella tenía sólo 15 años.
A pesar de que ha pasado más de una década desde el terrible crimen, la justicia parece esquiva, ya que Guillermo, uno de los responsables del feminicidio, quien estuvo prófugo durante 10 años, podría quedar en libertad, perpetuando el dolor y la impunidad que ha marcado a esta familia.
Lupita fue víctima de un cruel feminicidio perpetrado por cuatro jóvenes: Guillermo, de 15 años en ese momento; Raúl, de 18 en ese entonces y quien lideró el crimen; César y Juan Carlos, quienes extorsionaron a la familia de Lupita, exigiendo dinero tras su asesinato.
Raúl fue condenado a 37 años de prisión tras una larga lucha judicial de la familia. Guillermo, su cómplice en el secuestro y asesinato, fue sentenciado a 18 años, pero logró evadir la justicia por una década.
Fue hasta febrero de este año cuando Guillermo finalmente fue detenido. Sin embargo, en marzo, un juez especializado en adolescentes redujo su condena a sólo tres años, además de computar el tiempo que ya había cumplido al inicio del proceso. Este fallo indignó a la familia Viramontes Cruz, pues significaba que Guillermo sólo cumpliría un año, siete meses y siete días más de prisión por el asesinato de Lupita.
El pasado 2 de octubre se convocó a una audiencia de controversia en la que Guillermo solicitó su libertad, argumentando la posibilidad de cambiar su condena por trabajo comunitario.
Esta petición ha sido un golpe devastador para la familia y amigos de Lupita, quienes han sufrido un continuo ciclo de vulnerabilidad y violencia desde el feminicidio. La posibilidad de que el feminicida salga libre después de haber evadido la justicia durante tantos años revive el trauma y la sensación de desamparo para la familia.
La comunidad y los colectivos feministas que han acompañado a la familia Viramontes Cruz temen que este fallo pueda sentar un precedente peligroso en casos de feminicidio, donde la impunidad se convierte en una segunda condena para las víctimas y sus seres queridos.
El desenlace de este proceso legal está por definirse, pero la familia de Lupita no está dispuesta a rendirse. Con el apoyo de la sociedad civil, seguirán luchando para que la muerte de su hija no quede impune y que su feminicida cumpla la justicia que le corresponde.
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