CD. DE VICTORIA.- La reforma judicial representa un cambio profundo en el funcionamiento del Poder Judicial Federal, y de los Poderes Judiciales locales, incluido el de Tamaulipas.
La transición hacia un modelo de elección popular modificará por completo la estructura de impartición de justicia en el país, y sobre todo, renovará los perfiles que actualmente tienen a su cargo esa tarea.
A partir de la promulgación del decreto, que se espera pueda ocurrir hoy, el estado se encuentra ante la obligación de adaptar su Constitución local para implementar la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, a más tardar en el proceso electoral de 2027.
El dictamen establece que los estados tendrán un plazo de 180 días para realizar las modificaciones necesarias a sus legislaciones locales.
El artículo octavo transitorio señala que las entidades federativas deberán armonizar sus leyes para asegurar que la elección de los cargos del Poder Judicial local sea concluida en el proceso electoral de 2027, o de manera extraordinaria en junio del 2025, cuando se llevará a cabo la primera elección de jueces y magistrados federales, y de ministros de la Suprema corte de Justicia de la Nación. Si la renovación del Poder Judicial local se da en 2025 o en 2027 dependerá de lo que defina el Congreso local en los próximos 180 días.
Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), enfatizó que esta decisión es crucial para evitar demoras en el proceso de renovación de los cargos judiciales. La reforma también contempla la creación de nuevos órganos en el ámbito local.
El Consejo de la Judicatura será reemplazado por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial con independencia técnica y de gestión. Estos cambios buscan asegurar mayor transparencia y eficacia en la operación administrativa del Poder Judicial local. Otro aspecto clave es la eliminación de fideicomisos y contratos que no estén claramente establecidos en la ley.
Esto implicará una reorganización financiera dentro de los órganos judiciales de Tamaulipas para ajustarse a los nuevos lineamientos. La armonización de la ley federal con la estatal implicaría que el Congreso de Tamaulipas establezca las reglas para renovar por completo la integración del Supremo Tribunal de Justicia, cuyos diez magistrados también serán sometidos a votación.
En el Poder Judicial local, Tamaulipas se divide en 15 distritos Judiciales, con 103 Juzgados de Primera Instancia: 14 atienden la materia Civil; 20 el área Familiar; 18 resuelven los asuntos de carácter Penal, 6 de Justicia para Adolescentes, 11 Mixtos, 21 Menores, 5 de Ejecución de Sanciones, 1 de Ejecución de Medidas y 15 Juzgados de Control.
Todos ellos, también serán sometidos a las urnas. Quienes estén interesados, podrán optar por candidatearse para participar en el elección.
Actualmente, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia son designados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado, mientras que los Jueces de Primera Instancia son nombrados por un periodo de tres años directamente por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura.
Uno de los principales desafíos que significaría este proceso electoral es la falta de recursos presupuestales para una posible elección extraordinaria en 2025. Según el presidente del IETAM, en su anteproyecto de gastos no están contemplados los fondos necesarios para llevar a cabo este proceso, por lo que será esencial que el Congreso determine si debe asignar recursos para ello.
El plazo para definir el presupuesto de los entes públicos termina en diciembre, lo que brinda algo de margen para evaluar la implementación de la reforma.
En cualquier caso, tanto los legisladores como los órganos electorales tendrán que actuar con celeridad para garantizar una transición ordenada hacia la elección popular de jueces y magistrados. “Hay tiempo de aquí a diciembre que concluya
el periodo para la definición de los presupuestos de los entes públicos, hay tiempo para conocer inclusive si la Reforma habrá de implementarse en un porcentaje en 2025 o si es hasta el 2027”, dijo.
ELECCIÓN EN JUNIO
Sea cual sea la decisión del Congreso local, en junio del año próximo en Tamaulipas habrá una elección extraordinaria en la que se elegirán a 24 jueces y magistrados federales de distrito y además se votará por los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La intención es que en esa primera elección, se vote por la mitad de los jueces y magistrados de distrito, priorizando aquellos cargos vacantes o cuyos titulares estén próximos a jubilarse.
En Tamaulipas, una de las plazas judiciales vacantes es la del Séptimo Distrito con sede en Reynosa, cuyo titular, el juez Juan Fernando Alvarado López, se encuentra actualmente suspendido por una investigación relacionada con la concesión de amparos a figuras políticas de alto perfil, como el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca
La estructura judicial federal en Tamaulipas está dividida en distintos tribunales. Existen tres tribunales colegiados en materias penal y laboral (dos en Ciudad Victoria y uno en Tampico), además de tribunales administrativos y civiles en Victoria. También hay un tribunal colegiado de apelación en Matamoros y dos más del décimonoveno circuito en Reynosa.
Los centros de justicia penal federal de Tamaulipas, ubicados en Ciudad Victoria y Reynosa, cuentan con jueces especializados en el sistema penal acusatorio.
Además, operan cinco tribunales laborales federales en asuntos individuales, distribuidos entre Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria. En cuanto a los juzgados de distrito, el estado cuenta con 14, ubicados en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Madero. Estos juzgados cubren una variedad de funciones, desde procesos penales hasta amparos y juicios federales.
REFORMAS EN EL TIEMPO
María de los Ángeles Quintero Rentería, Doctora en Derecho en especialidad de Género, en entrevista con “Mujeres a Bordo” de EXPRESO, advirtió que ha faltado difusión de los alcances de esta reforma.
Desde su punto de vista, una reforma judicial no debe causar tanta inquietud, porque en el país ya se han realizado varias, con impactos incluso mayores a los que se estiman con la actual reforma. “Esta reforma no es la primera así de fuerte, -la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador-; la de 1994 fue sumamente fuerte, que fue con Ernesto Zedillo Ponce de León”, dicha reforma en un contexto político, social y económico muy diferente, con una joven democracia el TLC y el EZLN, impulsa una reforma que promovió la salida de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se iban de tajo”. Hace 30 años, con esa reforma, se instituyó la carrera judicial o el Servicio Civil de Carrera, y cambio de 26 a 11 ministros, justificando la disminución en que ya no había rezago en expedientes, también impulsó el cambio por combatir la corrupción al sistema de justicia.
También se instituyó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, a propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), y el Servicio Civil de Carrera, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Fue una reforma fast track, porque tomó protesta y en 30 días ya la habían aprobado”, las modificaciones marcaban que el período de los ministros sería ahora de 15 años, con su renovación de manera escalonada.
Incluso otorgó el “haber de retiro”, que es una remuneración por el fin de su encargo y una pensión por retiro forzoso a los 26 ministros que fueron reemplazados. La más reciente reforma judicial fue en 2021, con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar de Larrea, su misión, que la reforma permitiera impartir justicia a todos los asuntos, pero a través de una justicia con perspectiva de género.
Una justicia que vea a los grupos vulnerables, que entienda de las discriminaciones estructurales a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a los grupos de la diversidad sexual, a las niñas y niños. Impulsando ampliamente a la defensoría pública, decía que no se tendría una justicia diferente mientras la gente más humilde no tuviera una defensa de calidad, con más y mejores abogados de oficio.
Con dicha reforma, se logró elevar a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género, los cambios le apostaban a la paridad y la igualdad sustantiva. Iba por un perfil diferente de juzgadores y juzgadoras federales, para tener una justicia moderna, más comprometidos con la gente, con mayor sensibilidad social y humana, pero de manera particular que siguiera en el camino del combate a la corrupción en la impartición de justicia.
LA PROPUESTA DE AMLO
Tras la reforma actual, la renovación del Poder Judicial se va a dar en dos etapas con elección por voto directo del ciudadano, “la elección popular va, una en 2025 y una en 2027”. En este apartado el INE, -que realizará la elección- exige que a la hora de operar una elección de tanta magnitud es necesario desagregar reglas y presupuestos para las campañas.
En 2025 se van a renovar la mitad de los cargos, “la totalidad de los -ahora 9- ministros, porque ya no serán 11, el 50 por ciento de los jueces que están en el cargo y de las magistraturas y las vacantes, “se dice que se va a respetar la carrera judicial, podrán participar”. Se elegirán las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que es un órgano nuevo, y pierde el Consejo de la Judicatura, se renuevan las magistraturas regionales electorales y dos vacantes de Sala Superior. Mientras que en 2027 se van a renovar las 5 Magistraturas vigentes del Tribunal Electoral, y el resto de los puestos del Poder Judicial ya sea de distrito o circuito o espacios vacantes por jubilaciones o fallecimientos.
La presidencia del Poder Judicial, ahora se va a designar al candidato que tenga mayor votación y va a tener rotación cada 2 años por prelación, es decir conforme mayor cantidad de votos es la oportunidad de presidir. Para aspirar a o participar, los Ministros ya no tienen límite inferior de edad que era de 35 años, el promedio de 8 en la carrera de derecho y de 9 en materias afines al cargo que se va a ocupar y se reduce a 5 años la experiencia laboral.
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