GUANAJUATO.- En Guanajuato suman 26 denuncias en contra de integrantes de la Iglesia por presuntos delitos de abuso sexual y violación, además de otros como acoso y hostigamiento sexual. Los municipios de Celaya y Salamanca concentran la mayor cantidad de casos.
Las denuncias se han acumulado desde enero de 2014 hasta septiembre del 2025; se encienden las alarmas pues cuatro de ellas se presentaron durante los primeros nueve meses del año en curso, la cifra más alta en los últimos 11 años. De estas 26, la iglesia católica suma 22 y la iglesia cristiana 4.
De manera cronológica, la primera denuncia de la que se tiene registro contra la iglesia católica es en el 2014; en 2017 fueron tres, y 2018 hubo solo una denuncia; en el año 2019 se presentaron dos y para el 2020 hubo cuatro denuncias, según detalla la Fiscalía General del Estado, en la solicitud de información 487/2025 hecha por Milenio.
Además, se indica que en 2021 disminuyeron a tres las denuncias hechas ante la autoridades; para el 2022 fueron dos más. En 2023 no se reportó nada. En 2024 se registraron dos y finalmente de enero a septiembre de 2025 suman ya cuatro denuncias por delitos sexuales presuntamente cometidos por integrantes de la Iglesia católica.
Las investigaciones reportadas por parte de la FGE corresponden a 10 casos por el delito de abuso sexual, seis casos por corrupción de menores, cinco por violación, dos más por acoso sexual.
A estos se suma uno por hostigamiento sexual, uno más que fue encuadrado bajo la modalidad de violación y corrupción de menores; otro más por delitos diversos que comprenden desde el abuso hasta la violación e incluyen la corrupción de menores.
En 2021, se creó en Celaya un consejo interdisciplinarios para atender las denuncias de víctimas de delitos sexuales, integrado por representantes del clero, abogados, psicólogos y laicos; su función es escuchar, atender y acompañar a las víctimas.
Esto luego de que en 2019 el Papa Francisco, instruyó a la Iglesia Católica la creación de estos “Consejos”, confirmó José Luis Solís Rincón Coordinador de la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Diócesis de Celaya.
Una vez que se recibe una denuncia en este consejo, este debe escuchar a las víctimas, y de encontrarse los elementos suficientes, se integra la documentación que se envía a la Santa Sede en Roma, donde se determinará con base en el derecho canónico la sanción para el responsable, siendo la más severa la expulsión.
“En estos cuatro años ha habido pocas denuncias, coincide que hay ocasiones donde quien acusa primero ya fue a la Fiscalía y ellos mismos ya han informado del daño de los hechos.
Y por otro lado se les pide a los padres de familia, porque estamos hablando en muchos casos de posibles víctimas menores, que sean ellos los que notifiquen a las fiscalías o a la autoridad competente para llevar a cabo esta correlación con los tutores o con los padres de los menores”, explicó Solís Rincón.
La justicia por la vía eclesiástica, no les exime de la justicia terrenal, por tal motivo la ley les obliga a notificar de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato todo caso, queja o denuncia de la que tengan conocimiento, de delitos cometidos por sus integrantes o en sus instalaciones.
“Por ley, al tener conocimiento de hechos que podrían ser un delito, la diócesis está obligada a levantar todas las actas que sean necesarias y teniendo las actas quien juzga o quien es competente para tratar estos casos es la santa sede. Nosotros tenemos simplemente el deber de recabar ciertos informes, los mandamos a la santa sede, quien nos va a decir qué es lo que prosigue. Si se sigue un proceso penal para levantar un juicio o llegar una sentencia, o los hechos no llegaron a ser tan graves, pero si son inmorales pueden requerir una llamada de atención o una sanción”, explicó José Luis Rincón.
Cuando una denuncia es presentada, esta se sigue por dos vías: La penal y la Eclesiástica, pudiendo llegar a coincidir o ser contradictorias entre si. Es decir que pueden existir casos donde la autoridad judicial llegue a emitir una sentencia condenatoria, pero que esta no sea compartida en el mismo sentido por la Santa Sede.
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