CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el gobierno mexicano logró la recuperación de activos de empresas de Genaro García Luna, por un valor que supera los 2.5 millones de dólares.
Lo anterior, en seguimiento a la demanda civil que el Estado mexicano presentó el 21 de septiembre de 2021, en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, con el fin de recuperar recursos defraudados a esta nación, a través de contratos otorgados ilegalmente.
En ese materia, se detalló que el día de ayer 4 de octubre 2023, la Juez Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator reclamados por el Gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default (falta) al omitir concurrir al juicio.
En ese sentido, la Juez ordenó trasladar al Gobierno de México en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados de éste, los bienes de la empresa, que ascienden a un millón 968 mil 250 dólares con 25 centavos, por tres inmuebles ya liquidados y, además, otro departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no ha sido liquidado.
En total, la Juez ha ordenado la entrega a México de dos millones 524 mil 050 dólares, unos 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en Florida, EE.UU. por García Luna y Linda Cristina Pereyra con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México.
La anterior, informó la UIF, es una primera recuperación de activos en Florida, productos de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante más de diez años, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A través de un comunicado, la dependencia expuso que “los recursos repatriados serán destinados de conformidad con las leyes vigentes en beneficio del pueblo de México”.
El juicio civil en el que el gobierno de México reclama más de 600 millones de dólares, no ha terminado aún y continuará hasta su culminación.
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