CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno que comanda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dispone a abrir un enorme albergue en la ciudad de Tijuana, limítrofe con San Diego, con capacidad para alojar a miles de migrantes que son devueltos por Estados Unidos en lo que aguardan la fecha de audiencia para sus solicitudes de asilo.
México ha recibido a más de 20 mil centroamericanos bajo el plan conocido como “protocolo de protección de migrantes” o “permanencia en México”.
Pero México ha tenido problemas para encontrarles techo en lo que aguardan, en muchos casos durante meses, para acudir a sus audiencias en Estados Unidos.
El superdelegado federal para el estado de Baja California señaló que el nuevo refugio tendría capacidad para albergar a hasta 4 mil personas. Alejandro Ruiz señaló que el lugar abriría la próxima semana.
La instalación solía ser un complejo de pequeños comercios y ahora brindará servicios básicos, alimentación y albergue temporal.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refrenda su compromiso con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, al tiempo que reitera que la migración regional es un fenómeno que debe atenderse, de manera compartida y coordinada, mediante la promoción de oportunidades y el desarrollo en las comunidades de origen.
México reconoce la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuesta en un comunicado difundido hoy, por la situación de las personas migrantes y refugiadas en la región. Es bajo ese mismo interés en los derechos de los migrantes que México conduce su política migratoria y promueve un esfuerzo inédito para impulsar el desarrollo regional.
En materia migratoria, México se desempeña responsablemente y de manera alineada con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual hemos sido fuertes promotores.
Como cualquier Estado democrático y soberano, México hace cumplir con su Constitución y sus leyes en la materia, en particular su Ley de Migración, que establece, entre otros principios, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, sin discriminación por motivos de nacionalidad, género, etnia, edad, situación migratoria o de ninguna otra índole, el respeto a la preservación de la unidad familiar y atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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