BAJA CALIFORNIA SUR.- La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud al haber adquirido ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina sin autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Tras realizar un cateo en el domicilio del médico, en el que se aseguraron ampolletas con dichas sustancias y Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC), la FGR solicitó audiencia inicial al Centro de Justicia Penal Federal La Paz, Baja California Sur, para imputar a Aguirre Castro por dichos delitos.
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República, el anestesiólogo no cuenta con el permiso de la COFEPRIS, que requieren los recetarios especiales con código de barras para medicamentos controlados de la Ley General de Salud, situación que fue corroborada por el Ministerio Público Federal, con auxilio técnico de dicha Comisión, que determinó que el imputado había realizado el trámite para emitir recetas de este tipo de medicamentos, y la autoridad sanitaria lo declaró como improcedente por no reunir los requisitos establecidos.
Según las investigaciones, Aguirre Castro pretendió justificar la legal posesión de las ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina aseguradas en el cateo, exhibiendo su cedula profesional de cirujano y anestesiólogo, así como los correos a COFEPRIS donde solicita recetario especial con código de barras y código QR, mismo que le fue negado y él lo ocultó.
De igual manera, según la indagatoria, se solicitó información al hospital donde el anestesiólogo alegó laborar, obteniendo respuesta negativa.
Lo que sabemos del caso del anestesiólogo de Los Cabos
En entrevista con El Universal, el médico rechazó haber incurrido en alguna práctica ilegal y refirió que realizó la compra de este medicamento como parte de sus actividades y necesidades de su profesión, y sostuvo que cuenta con un recetario para medicamento controlado y todas las autorizaciones necesarias.
Acusó que con procedimientos arbitrarios lo despojaron de su casa, violentando los derechos incluso de sus hijas menores de edad.
“No se están respetando los derechos de mi persona y mi familia. Me quitaron la casa, la clausuraron. Me dejaron sin hogar. Por favor ayuda toda la población, hay que alzar la voz”, expresó.
Sobre los hechos, narró que el medicamento se compró a una farmacia autorizada en Guadalajara y tras su arribo al domicilio vía paquetería, llegaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República a incautar el paquete (cuatro cajas con seis ampolletas cada una).
Su abogado, Antonio Juárez Navarro, declaró a medios que el proceso que se le lleva al médico está viciado, pues no se ha definido su situación, ni como imputado ni vinculado a ningún proceso, pero sí su domicilio se encuentra incautado, lo que ha obligado a sus hijas menores de edad a desplazarse a otro lugar.
“Es una situación anómala. Se violenta el debido proceso. Ni siquiera lo han citado a declarar y ya le incautaron su casa. Su casa no es un laboratorio. Él compró un medicamento de manera legal con un recetario controlado que tiene un código de barras, que está dado de alta en Cofepris, en una farmacia certificada también ante Cofepris”, indicó.
Añadió que además el doctor estuvo en indefensión jurídica cuatro semanas y ello es violatorio del debido proceso.
Ante diversas actuaciones de las autoridades en este caso, manifestó que ya se han interpuesto amparos y exhortó a autoridades federales a que se conduzcan en el marco de respeto a la ley y evitar así más violaciones de derechos humanos.
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