La Justicia de EE.UU. acusó el 29 de abril de 2026 al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios mexicanos de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado.
En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía sinaloense.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el citado cártel para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
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