Zacatecas.— Tras el asesinato de dos médicos de Jalisco en territorio zacatecano —uno de ellos, Luis Fernando Montes de Oca, estudiante de Medicina de la Universidad de Guadalajara y quien realizaba su servicio social en el estado—, estudiantes, docentes y personal de salud convocan el próximo sábado a la marcha por la paz de Zacatecas, a fin de exigir justicia y demandar un servicio social digno para médicos pasantes.
A la par, el Comité Interinstitucional para Formación de Recursos Humanos en Salud, analizará la situación de 200 estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes realizan su servicio social, así como otros 200 más que están próximos a iniciar con sus prácticas en las diferentes unidades médicas de la entidad, quienes han pedido a las autoridades universitarias y de salud que se ubiquen los focos rojos de inseguridad derivada de la delincuencia para evitar que sean enviados a esos lugares.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Martha Covarrubias Carrillo, directora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la UAZ, precisó que justo hace una semana recibió una petición de los médicos pasantes de servicio social para alertar sobre los lugares que para ellos eran focos rojos de inseguridad, horas después, dijo, supo del asesinato del pasante de Medicina Luis Fernando, así como del chofer de la ambulancia, quienes trasladaron a una paciente de Huejuquilla El Alto, Jalisco, a Fresnillo, Zacatecas.
Estudiantes se sienten inseguros
En ese documento, los pasantes manifiestan que sienten inseguridad en gran parte del estado.
Dijo que en los tres meses que lleva al frente de la unidad había tenido otros reportes de inseguridad y se reubicaron tres plazas de servicio social de jóvenes asignados en Mazapil, donde en dos casos reportaron presencia de grupos del crimen, mientras que en Huanusco, una estudiante reportó ser víctima de robo.
Expuso que esta unidad se ha sumado al movimiento para exigir justicia, incluso, dijo que son parte de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, cuya organización civil emitió un pronunciamiento que demanda a todos los niveles de gobierno que excluyan del padrón de plazas de servicio social a aquellas que no ofrezcan garantías mínimas de seguridad.
(EL UNIVERSAL)
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