CD. VICTORIA.- La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, informó que este quedaría en libertad después de que el juez de Control, Aldo Rocha, resolvió que no hay elementos para mantenerlo en prisión preventiva.
A través de un comunicado, este viernes 28 de octubre se dio a conocer que el juez de Control ordenó su libertad en la causa penal 237/2018, por lo que después de cinco años en prisión por acusaciones de delitos como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exgobernador quedaría libre.
“Con la resolución que hoy se dictó, se demuestra una vez más que Eugenio Hernández Flores fue privado de la libertad ilegalmente por diversas autoridades de la anterior administración, quienes trataron -por todos los medios- de mantenerlo preso, a presar de saber lo insostenible de las acusaciones”, se indicó en el comunicado.
De igual manera, el Licenciado José Javier López García destacó que: “Tenemos muchas esperanzas de que, en breve, el juez Primero Penal de Ciudad Victoria, Licenciado Santiago Espinoza Camacho, en acatamiento a una diversa sentencia de amparo, también determine la libertad de nuestro defendido”.
Cabe recordar que el exgobernador de Tamaulipas fue acusado por la administración del ahora también exgobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Fue aprehendido el pasado 6 de octubre del 2017 en Ciudad Victoria, acusado de la compraventa de terrenos propiedad del estado por el entonces fiscal anticorrupción, Javier Castro Ormaechea.
Fue el pasado 19 de septiembre de 2021 cuando Hernández Flores logró desestimar el cargo por delitos de peculado y operaciones de recursos de procedencia ilícita; sin embargo, no bastó para obtener su libertad puesto que enfrentaba otros procesos penales.
El exfuncionario gobernó en el estado entre 2005 y 2010, siendo miembro del Partido Revolucionario Institucional. Tan solo dos años después de que dejara el poder, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), le incautó algunas propiedades ubicadas en Cancún, Playa del Carmen y Quintana Roo debido a la investigación por el delito de lavado de dinero; sin embargo, esta fue desestimada por las autoridades en 2013.
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