La Fiscalía de Málaga ha solicitado la absolución de las cuatro personas acusadas en el caso de los y argumenta que no hubo infracción penal, ya que el incidente se debió a un error de envasado que llevó a que lotes de minoxidil, un estimulante del crecimiento del cabello, fueran erróneamente etiquetados como omeprazol y distribuidos en farmacias de Cantabria, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

De acuerdo con información de las autoridades, los menores afectados tuvieron que recibir tratamiento pero no han sufrido efectos secundarios graves. A pesar de la solicitud de absolución de la Fiscalía, los acusados siguen en juicio aunque no hay fecha para que continúe, ya que varias acusaciones particulares consideran los hechos como un delito.

Más de 20 bebés tomaron minoxidil pensando que era omeprazol

Los casos fueron reportados por médicos al Sistema Español de Farmacovigilancia y a la Agencia Española del Medicamento en 2019, las principales ciudades afectadas fueron Andalucía, Valencia y Cantabria, y las investigaciones apuntaron a jarabes contra el reflujo gástrico preparados con fórmulas y vendidos en farmacias.

“Se le llenó de pelo en frente, mofletes, los brazos y piernas, las manos… Tenía las cejas de un adulto”, relató una madre a medios locales.

El origen del error se localizó en la empresa Faram-Química Sur, con sede en Málaga, donde se comprobó que varios lotes de omeprazol contenían en realidad minoxidil debido a un “error en el envasado”.

Fiscalía asegura que no hay delito en etiquetar y vender un medicamento mal etiquetado

Tras la alerta sanitaria, la Fiscalía de Málaga abrió diligencias en agosto de 2019 y en diciembre solicitó un procedimiento penal contra el administrador único, el director técnico y dos trabajadores de la compañía por indicios de delito contra la salud pública y negligencia profesional.

Posteriormente, en el verano de 2025, tras la instrucción y el análisis de informes forenses, la fiscal solicitó el archivo de la causa al considerar que no existía “base probatoria suficiente para formular acusación”, sin perjuicio de posibles acciones civiles. El Ministerio Público solicitó informes a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas afectadas para verificar si, dos años después, los menores presentaban efectos adversos a medio plazo más allá del crecimiento del pelo.