WASHINGTON.- Los fiscales generales del estado de Maryland y de Washington, D.C. demandaron a Donald Trump por haber violado la cláusula anticorrupción de la Constitución, tras aceptar millones de dólares en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros desde que es presidente.
La demanda se centra en que Trump decidió retener la propiedad de sus compañías cuando asumió la presidencia, según reporta el diario The Washington Post.
Karl A. Racine y Brian E. Frosh, fiscales generales de Washington, D.C: y Maryland, respectivamente, afirmaron que Trump ha roto sus promesas de mantener sus negocios privados separados de sus deberes públicos.
Su hijo Eric Trump ha admitido que el magnate ha continuado recibiendo actualizaciones regulares sobre el estado financiero de sus empresas.
RETRIBUCIONES MILLONARIAS
Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en que esos “millones en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros” los ha recibido Trump desde que se mudó a la Casa Blanca.
La demanda se basa además en la denominada “cláusula de retribuciones”, que prohíbe a los altos funcionarios estadounidenses recibir regalos u otros pagos de gobiernos extranjeros.
En la demanda, Racine y Frosh denuncian “violaciones constitucionales sin precedentes” de parte de Trump.
Agregan que la continua posesión de Trump de un imperio empresarial global ha hecho que el presidente “se involucre profundamente con una legión de actores gubernamentales extranjeros y nacionales” y ha socavado la integridad del sistema político estadounidense.
“Es fundamental para la fidelidad de un Presidente con [cumplir fielmente su juramento de oficio] es el requisito de la Constitución de que el presidente … de desligue de sus finanzas privadas de aquellas que son de las potencias nacionales y extranjeras. Nunca antes un presidente actuó con tal desprecio por esta prescripción constitucional”, agrega el documento citado por The Washington Post.
Una ONG de defensa de la ética ya había presentado en enero una acción judicial similar, pero ésta sería la primera por parte de instituciones públicas.
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