CD. DE MÉXICO.- La reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública fue aprobada este 9 de septiembre por el Senado de la República con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones, pasando así el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Diversas son las quejas que esta decisión ha causado tanto en la opinión pública como en el ámbito político. Sin embargo, esta resolución ha encendido las alarmas de organismos internacionales, para quienes este contexto resulta una continuidad en la militarización de la seguridad pública que tantas ocasiones han intentado frenar a través de recomendaciones.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., ha documentado al rededor de 30 años la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía de la que han gozado, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la persecución contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.
Estas son algunas de las 41 recomendaciones que se han hecho a lo largo de tres sexenios:
Durante la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, instó al Estado mexicano a limitar la intervención de las fuerzas armadas en las actividades de control migratorio:
En 2003, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano mantener separadas las funciones de las policías preventivas y las que realizan las tareas de investigación de delitos, y excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo propuso promover la sustitución progresiva, verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
Para 2010, con la estrategia de militarización de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el Comité de Derechos Humanos instó a que la seguridad pública se mantuviera por fuerzas civiles y no militares. No atender esta recomendación resultó en una profunda crisis de violencia.
“El Estado parte, debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública sea mantenida, en la mayor medida posible, por fuerzas de seguridad civiles y no militares. También debe garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean debidamente investigadas y juzgadas por autoridades civiles”.
La llamada Guerra contra el Narcotráfico detonó las desapariciones forzadas. Por ello, el Grupo de Trabajo de la organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas instó a Felipe Calderón a retirar a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.
“El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y la aplicación de las ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
“Debido a que Enrique Peña Nieto (2012-2018) continuó con la militarización de la seguridad pública, lo cual provocó que su sexenio estuviera caracterizado por graves violaciones graves de derechos humanos cometidas por grupos armados actuando en colusión con agentes del Estado”.
El consejo de Derechos Humanos (MEPU), recomendó en 2013 adoptar y aplicar medidas apropiadas que permitieran un funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad públicas con sujeción al control civil.
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