ESTADOS UNIDOS.- Alejarse de sus deberes como miembro senior de la Familia Real británica le está pasando factura, de nueva cuenta, al príncipe Harry, quien perdió una batalla legal y verá reducida su seguridad y la de su familia cuando visten Reino Unido.
Esto, luego de que un juez del Tribunal Superior falló a favor de la decisión del gobierno de su país para no implementar un despliegue de seguridad comparable al de los integrantes en activo de la Corona. Lo que implicaría que, de requerir mayor seguridad, Harry y su esposa Meghan Markle deberán pagarla de sus bolsillos.
En su demanda por contar con seguridad financiada por el gobierno británico cuando él e integrantes de su familia se encuentren en Reino Unido, el duque de Sussex, de 39 años, argumentó su familia debería contar con “protección automática” cada vez que estén en Inglaterra, después de que las autoridades británicas le quitaron este derecho en febrero de 2020, después de que él y Meghan se alejaron de sus deberes reales oficiales, según publica People.
El tema de la seguridad propia de su familia ha sido un tema constante en torno a los hechos recientes en torno a la vida del príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet; y se ha manejado como una de las razones que los obligaron a renunciar a sus actividades como miembros de la Familia Real.
En una declaración de diciembre, Harry dijo que “se sintió obligado” a abandonar su papel como royal y abandonar el Reino Unido en 2020, debido a estas preocupaciones sobre su seguridad.
Como resultado de su decisión, ha habido un distanciamiento al parecer irremediable con su hermano mayor, el príncipe William, y ser relegado a un papel terciario con respecto a su papá, el rey Carlos III, lo que quedó en evidencia desde la coronación del monarca hasta la reciente reunión de unos cuantos minutos que tuvo con él, cuando viajó a Londres tras darse a conocer el diagnóstico de cáncer que aqueja al rey.
El miércoles, sin embargo, el juez del Tribunal Superior, Peter Lane, confirmó la decisión del gobierno de Reino Unido y, específicamente, del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas de disminuir la seguridad del príncipe Harry en territorio británico.
“El tribunal ha determinado que no ha habido ninguna ilegalidad al llegar a la decisión del 28 de febrero de 2020. La decisión no fue irracional. La decisión no se vio empañada por injusticias procesales”, dictaminó el juez, quien añadió: “El tribunal también ha determinado que no ha habido ilegalidad por parte de RAVEC con respecto a sus arreglos para algunas de las visitas del demandante a Gran Bretaña”.
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