Especialistas en rendición de cuentas coincidieron en que los diputados deben comprobar todos los recursos que reciben para actividades legislativas, porque de lo contrario estarían violando la Ley Federal de Transparencia.
Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que el PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y Encuentro Social en la Cámara Baja “perdonaron” a 411 legisladores federales la comprobación del “bono secreto” de 150 mil pesos que se les otorgó en diciembre pasado, con sólo llenar el formato del Informe de Justificación de Gasto como ellos quisieran.
Los 36 diputados federales de Morena y los 23 de Movimiento Ciudadano declinaron el otorgamiento de los recursos.
Mauricio Merino Huerta, investigador y académico del CIDE, expuso que los recursos públicos deben ser justificados y comprobados, porque no es dinero que sea o vaya a sus salarios, o a los ingresos personales de los legisladores.
“Es parte de las obligaciones de transparencia, que por cierto, la Cámara de Diputados y el Senado han estado en falta al no cumplir con sus obligación de transparencia aun cuando se dieron un año más de gracia para cumplirla”.
Merino Huerta señaló que el Inai tiene la obligación de hacer valer le ley y la Contraloría de la Cámara de Diputados podría abrir un proceso de sanción si esos recursos no son comprobados por los legisladores.
Khemvirg Puente, investigador de la UNAM, explicó que si no entregan sus comprobaciones, los legisladores podrían incurrir en una violación flagrante a la Ley Federal de Transparencia y a las disposiciones internas de la Cámara de Diputados, porque también deben comprobar los recursos que se les otorgan.
“Estos recursos no son un bono o un pago extra, es una asignación presupuestal para cumplir una tarea específica y, por tal motivo, deben justificarla. Si fuese un bono de productividad, una vez que ingresa a la cuenta personal del legislador no tendría por que comprobarlo, pero se ha reconocido que esto no es un bono, por ello están obligados a explicar en qué se ejerció y comprobarlo”.
Fernando Nieto, profesor asociado del Colegio de México, coincidió que este es otro caso que refleja la opacidad del Poder Legislativo y la falta de rutinas de control para que los ciudadanos podamos entender en qué se gasta el dinero en el Congreso.
Expresó que se tienen que revisar los casos y las partidas económicas que se hayan entregado a los legisladores, para determinar si violaron la ley, pero en principio, dijo, debe prevalecer el criterio de máxima publicidad para conocer la justificación en el gasto de esos recursos.
“Los legisladores son representantes públicos y, por lo tanto, cualquier actividad que tengan debe estar sujeta no sólo a las leyes, sino también al principio de máxima publicidad”, dijo Nieto Morales.
Los especialistas urgieron la intervención de la Contraloría de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de la fiscalización.
Merino Huerta dijo que la Contraloría tiene que aclarar y exigir la comprobación de esos gastos, porque se trata de la Cámara de Diputados, donde se autorizan todos los gastos del país y que avaló ese recurso: “Tienen que decir en qué lo usa, no hay posibilidad alguna de negarse a entregar esa información”.
Puente coincidió que la Contraloría de la Cámara Baja es la que tiene que deslindar responsabilidades para que sean sancionados los legisladores que no cumplan con la ley.
No obstante, reconoció que habría un conflicto porque la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los coordinadores parlamentarios, sería la que tendría que solicitar esa aclaración.
“Son ellos los que dan la respuesta de inexistencia de la información, esto es un círculo vicioso o un problema de diseño de la Cámara de Diputados”, dijo el investigador de la UNAM.
Mantente informado las 24 horas, los 7 días de la semana. Da click en el enlace y descarga nuestra App!
