CIUDAD DE MÉXICO.- Diputadas de Morena, PT, PRI y sin partido impulsan una reforma para despenalizar el aborto en todo el país, aun cuando se practique después de las 12 semanas de gestación.
La iniciativa presentada busca reformar los Códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, pues argumentan que a pesar de que la interrupción del embarazo se encuentra respaldado por tratados internacionales, mismos que ya han sido referidos, en México prevalece la condena social y legal sobre el aborto, así como normas y valores sobre la sexualidad y la reproducción que condicionan el acceso al aborto legal y seguro a las mexicanas. Dicha condena desconoce una realidad social que se debe atender con urgencia, además resulta discriminatoria y contraria al ejercicio de los derechos de las mujeres.
En ese sentido, el aborto continúa siendo una conducta que se estigmatiza y criminaliza por las reglas heteropatriarcales existentes en México, en virtud de que éstas se encuentran muy determinadas en las relaciones sociales y culturales.
“Para superar la discriminación y desigualdad que viven las mujeres frente a un embarazo no deseado, y frente al riesgo que significa que pongan en peligro su vida por abortos mal practicados, es imperativo que exista una disposición expresa que permita la interrupción del embarazo para preservar la vida y la salud, física y mental, de la mujer como un medio para el ejercicio de su derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia y, a la igualdad y no discriminación. Una disposición que repercuta de manera efectiva en el diseño y la ejecución de una política pública que permita a las mujeres desarrollar un proyecto de vida digna, donde el goce del derecho a la salud juegue un papel primordial para poder desarrollarse plenamente como persona”, definen los legisladores en su exposición de motivos.
Al respecto, es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud publicó en 2015, un informe sobre la salud sexual, los derechos humanos y la legislación para ayudar a los gobiernos y a las instancias normativas a mejorar la salud sexual mediante la armonización de las leyes y políticas pertinentes con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de salud y derechos humano, señalando que los ejes rectores de las políticas públicas deben garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, destacando que las medidas adoptadas por los Estados deben ser:
En cuanto a la salud reproductiva, se debe atender la asistencia prenatal durante el parto y puerperal; orientación y suministro de métodos anticonceptivos; tratamiento de esterilidad; servicios de aborto seguro.
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