OAXACA, Oax.- Una mujer de la localidad de San Miguel del Valle, en el distrito de Tlacolula, también fue reconvenida por cazar chapulines para alimentarse, y fue detenida por policías federales tras el señalamiento de vigilantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debido a que lo hizo en zona de reserva.

“Las campesinas ya no pueden ni salir al campo a sus actividades comunes porque tienen miedo hasta de trozar una rama o recolectar leña, para que no las vayan a detener”, dijo Rodolfo Moreno, abogado que lleva el caso de Heliodoro Morales Mendoza, preso desde hace más de seis meses por presuntamente cazar tres conejos.

Del caso de la mujer, dijo que ocurrió en agosto pasado; fue detenida pero tras la intervención de los pobladores, lograron que fuera puesta en libertad, ante la ridícula acusación.

Narró que hay diversos casos que se han presentado en la zona, como el de otro grupo de campesinos del municipio de Villa de Díaz Ordaz, también colindante con Tlacolula y con el área reservada, que están inconformes porque no les permiten trabajar sus tierras; en una ocasión que preparaban para la siembra, los amenazaron con iniciarles averiguaciones previas.

Racismo jurídico. El abogado Pedro Garzón López, investigador indígena de la etnia chinanteca de Oaxaca y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, sostuvo que matar a tres conejos como acto constitutivo de delito federal grave “es la expresión más pura del racismo jurídico que el derecho estatal y la visión de sus operadores jurídicos imponen a la los pueblos indígenas”.

El autor del libro Ciudadanía indígena: del multiculturalismo a la colonialidad del poder, dijo que es el caso del indígena zapoteco Heliodoro Morales, quien en vez de ser enjuiciado por las propias autoridades de su comunidad que, a buen seguro, son las más legitimadas para valorar si, en efecto, se ha transgredido el orden comunitario y la naturaleza al matar a tres conejos, es culpado por delito federal.