EDOMEX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detectó 200 puntos de extracción ilegal de agua en 48 municipios mexiquenses, donde organizaciones sociales y sindicatos falsos estarían implicados en el llamado huachicol de agua.
Según las investigaciones, en estos sitios se extraía el recurso mediante pozos y redes clandestinas, para luego venderlo y distribuirlo de forma ilegal. La Fiscalía mexiquense encabeza un operativo conjunto con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Conagua y la CAEM para desmantelar la red de comercio ilícito y asegurar los puntos de extracción.
Municipios con más incidencia
Entre los municipios donde se detectaron las tomas destacan Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tecámac, Chimalhuacán, Texcoco y Valle de Chalco, además de otros municipios del norte y oriente del estado, como Teotihuacán, Otumba, Coacalco y Chalco.
De acuerdo con la Fiscalía, estos puntos se ubican en zonas donde el abastecimiento regular de agua es limitado, lo que permitió que los grupos operaran sin ser detectados durante varios años, afectando la red pública y generando pérdidas significativas.
Sindicatos implicados en el robo de agua
Las autoridades identificaron, al menos, seis organizaciones vinculadas con la explotación clandestina de pozos, entre otras:
- La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
- La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME)
- Los 300
- Libertad
- 25 de Marzo
- La Chokiza
Estos grupos habrían controlado la distribución y comercialización del agua mediante cobros abusivos a particulares y empresas, según la Fiscalía mexiquense. Además, operaban con estructuras jerarquizadas similares a las de una red delictiva organizada.
Operativo interinstitucional
El operativo, encabezado por la FGJEM con apoyo de las fuerzas federales, tiene como objetivo interrumpir la cadena de comercio ilícito del líquido, así como asegurar los pozos y redes clandestinas utilizadas para el acaparamiento.
Las inspecciones también buscan ubicar a funcionarios municipales o estatales que pudieron haber permitido o encubierto las tomas ilegales.
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