Ciudad de México.- En cuestión de un año, Alicia Rodríguez aprendió que donde la tierra es blanda y se percibe un “aroma fuerte”, podría haber una fosa clandestina. Esas pistas le sirvieron para encontrar a su esposo, Moisés Ramírez, desaparecido en Sinaloa el 16 de octubre de 2019.
Moisés fue sustraído de una casa junto con otras tres personas en el municipio de Ahome y desde ese momento no se supo nada de él. El celular de la víctima estuvo encendido horas después de lo ocurrido, pero la policía municipal no se movilizó y aquel rastro se perdió.
El día en el que Moisés desapareció portaba dos playeras, un pantalón negro y unos tenis blancos. Toda esa ropa la encontró Alicia el 22 de octubre de 2020 en un esqueleto, en un terreno abandonado. Sólo así supo que se trataba de su pareja.
Como este caso ha habido muchos más en los primeros dos años del actual sexenio. Según datos oficitre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de diciembre de 2020, en promedio, desaparecieron 19 personas a diario.
La versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, indica que durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo 8 mil 717 víctimas; en el segundo, 5 mil 826. En total suman 14 mil 543.
Aunque no especifica cómo ocurrió cada desaparición, el RNPDNO confirma que algunos casos fueron cometidos por particulares (bandas delictivas) y otros por autoridades.
Las 14 mil 543 desapariciones registradas con el presidente Andrés Manuel López Obrador superan a las mil 677 que hubo en los primeros dos años de gestión del panista Felipe Calderón —en esa época los crímenes apenas comenzaban— y las 9 mil 104 del priista Enrique Peña Nieto.
Los estados donde hay una mayor cantidad de desapariciones son Jalisco, con 3 mil 547 casos; Guanajuato, mil 231; Sonora, mil 215; Tamaulipas, mil 209; Ciudad de México, mil 195; Nuevo León, 834; Sinaloa, 816; Michoacán, 763; Guerrero, 466, y Chihuahua, 401.
Colectivos de familiares de víctimas consultados para este trabajo consideraron que las desapariciones siguen ocurriendo porque las autoridades estatales y municipales, que tienen el primer contacto con las víctimas, no poseen una estrategia de prevención y atención.
“La desaparición de mi esposo nos hizo ver la inseguridad en la que vivimos. A cualquier persona le puede suceder, esto me va a dejar marcada para toda la vida”, comenta Alicia, quien después de haber encontrado a su pareja, aún participa en actividades de búsqueda con el colectivo Rastreadoras por la Paz en Sinaloa.
A Alicia le cambió la vida por completo con la desaparición de Moisés. Cuando esto ocurrió ellos tenían el plan de tener un segundo hijo y comprar una casa. Pero ella sabe que no es la única que ha sufrido una pérdida, todavía en los grupos de Facebook o en chats de WhatsApp en los que participa se siguen reportando desapariciones en todo Sinaloa.
“Las autoridades deben actuar rápido cuando haya una desaparición, porque cuando les llega una denuncia la dejan, no se movilizan pronto. Con lo de mi esposo, su celular estaba prendido y lo pudieron haber rastreado, pero no lo hicieron”, lamenta.
Disputas criminales: otro factor
Uno de los principales objetivos del actual gobierno es acabar con las desapariciones. Así lo dijeron autoridades federales el 24 de marzo de 2019, cuando reinstalaron el Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, pero a casi dos años de esa promesa, la meta no se ha cumplido.
Hablar de desapariciones en México también es hablar de crimen organizado y las disputas entre bandas delictivas. Esto lo saben bien las familias de Guanajuato y Jalisco, entidades federativas donde este crimen se ha concentrado en los últimos dos años y donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL).
Patricia Barrón relata cómo el 1 de junio de 2019 en Irapuato, Guanajuato, un comando armado compuesto por seis hombres se llevó en dos camionetas a su hijo de 17 años, Kevin Damián Martínez Barrón, y a su pareja de 35 años, Juan Rodríguez.
Los criminales, quienes dijeron pertenecer al CJNG, se pusieron en contacto con Patricia para pedirle un rescate, y aunque ella entregó el dinero prometido, sus familiares nunca volvieron.
“En Guanajuato hay puntos rojos bien ubicados donde las autoridades no hacen nada, mientras nosotros estamos desesperadas”, comenta Patricia.
Los guanajuatenses no sólo viven un terror por las desapariciones, también saben que caminan sobre los muertos que ha dejado la rivalidad entre el CJNG y el CSRL. A finales de octubre, Patricia y otros colectivos de víctimas encontraron una fosa clandestina con 77 cuerpos en el municipio de Salvatierra.
Pero antes de eso habían encontrado más cuerpos en un lugar llamado La Presa del Conejo, en Irapuato; en la Cañada de Caracheo, en Cortázar, en Acámbaro y Yuriria. Además, los integrantes del colectivo Una Luz en mi Camino, al que pertenece Patricia, dicen tener identificados al menos otros 25 puntos.
“No es posible que haya tantas personas muertas en un solo lugar y las autoridades no sepan nada, les pedimos que se toquen el corazón y realicen su trabajo”, concluye Patricia.
(EL UNIVERSAL)
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