Denuncian acoso del gobierno de El Salvador contra periodista mexicano Daniel Lizárraga

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EL SALVADOR.- El fundador del medio salvadoreño El Faro, Carlos Dada, denunció que el gobierno de El Salvador acudió a la casa del periodista mexicano Daniel Lizárraga para notificarle que tenía cinco días para abandonar el país.

Daniel Lizárraga, quien participó en el equipo de investigación que dio a conocer la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, recientemente fue invitado a formar parte del equipo de El Faro como editor.
A través de un plática con Pere Rusiñol, director de la publicación mensual digital Alternativas Económicas, Dada contó que el último capítulo de la escalada del gobierno que encabeza Nayib Bukele contra el medio involucró al periodista mexicano.

“Nosotros invitamos a un extraordinario editor mexicano, Daniel Lizárraga, maestro de la Fundación García Márquez, reconocido en toda América Latina por sus investigaciones contra la corrupción en México”, contó.

Agregó que el martes agentes del Gobierno se presentaron en la casa de Lizárraga para notificarle que tenía cinco días para salir de El Salvador.

“Tramitábamos el permiso de trabajo de Daniel Lizárraga y ayer se han presentado agentes del Gobierno a su casa a notificarle que tiene cinco días para abandonar El Salvador y que su permiso ha sido denegado porque no ha podido demostrar que es periodista”, señaló.

“Uno de los periodistas más destacados de América Latina no ha podido demostrar que es periodista, según el Gobierno salvadoreño”, enfatizó.

El fundador de El Faro consideró esta acción como “una forma más de acoso contra nosotros y un intento más por limitar nuestro ejercicio periodístico”.

En la plática para la fundación Casa Amèrica Catalunya, Carlos Dada enumeró las acusaciones que han recibido de parte del gobierno de El Salvador, como las denuncias de evasión del pago de impuestos y lavado de dinero de las que, incluso, tienen abiertas auditorias por parte de las autoridades.

“Tenemos un gobierno con muchas más herramientas para perseguirnos, acusarnos, impedir el libre ejercicio periodístico, y nosotros ya sin garantías constitucionales, con menor capacidad de resistir por la vía del Estado de derecho a las amenazas del gobierno”, recalcó.

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