La demanda, anunciada por la procuradora de Justicia Loretta Lynch, fue presentada en la misma corte federal de distrito donde el gobierno de Carolina del Norte presentó su propio recurso, antes de cumplirse ayer el plazo oficial para suprimir la controversial ley.

“Hemos presentado una demanda por violaciones a la Ley de Derechos Civiles contra el Estado de Carolina del Norte, el gobernador Pat McCroy, el Departamento de Seguridad Pública del estado y la Universidad de Carolina del Norte”, dijo Lynch en rueda de prensa.

Lynch explicó que la demanda busca que la corte declare que la ley HB2, o Ley de Privacidad y Seguridad de las Instalaciones Públicas, es “discriminatoria” y se prohíba su implementación. Indicó que el gobierno federal se reserva el derecho a retener los fondos que entrega al gobierno estatal a través del Departamento de Seguridad Pública y la Universidad de Carolina del Norte, bajo la condición de cumplir la Ley de Derechos Civiles de 1964.

“Esta acción es más que baños. Esto tiene que ver con la dignidad y el respeto que damos a nuestros ciudadanos, y las leyes que como ciudadanos y como país hemos promulgado para protegerlos, de hecho, para proteger a todos”, apuntó.

El gobernador McCroy acusa al gobierno federal de incurrir en una “interpretación radical” de la Ley de Derechos Civiles de 1964, invocada por el gobierno del presidente Barack Obama para exigir que Carolina del Norte modifique su actual ley.

“La administración Obama está burlando al Congreso al intentar rescribir la ley y establecer políticas de baños para empleados públicos y privados por todo el país, no sólo Carolina del Norte”, dijo.

Señaló que se trata de “un tema nacional que aplica a cada estado y necesita resolverse a nivel nacional”.