Cancún, Q. Roo.- La defensa legal de quienes obtuvieron la suspensión definitiva que ordenó frenar las obras en el Tramo 5 Sur del Tren Maya, solicitó la modificación de dicha medida cautelar, para que la paralización de los trabajos no esté condicionada a que el Gobierno Federal presente los estudios impuestos por la Semarnat al autorizar el megaproyecto, sino que se mantenga hasta que el asunto se resuelva de fondo.
El incidente de modificación se presentó el pasado 28 de febrero y se refiere a la suspensión definitiva concedida el 21 de diciembre del 2023, conforme a la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativo, relativa al juicio de amparo con número de expediente 1003/ 2022-III, interpuesto por ciudadanos.
La modificación de la suspensión fue solicitada por hechos que la parte quejosa estimó “supervenientes” ante los daños causados a las cavernas dentro del Tramo 5 Sur, por el derrame de cemento y la corrosión de los pilotes que atraviesan el suelo kárstico sobre el trazo, hasta alcanzar el acuífero, contaminándolo.
Para acreditar lo anterior la defensa legal presentó, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, una serie de pruebas documentales consistentes en 10 imágenes que exhiben el derrame de cemento, el hincado de las pilas y su oxidación, de acuerdo a lo consultado en estrados electrónicos por EL UNIVERSAL.
En consecuencia, el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán inició el incidente de modificación de la suspensión definitiva dentro de los autos del propio incidente de suspensión y fijó como fecha de la audiencia incidental el nueve de abril, a las 10:30 horas.
Al margen de si se concede mantener la suspensión definitiva hasta que el asunto se resuelva de fondo, las obras continúan en desacato a la sentencia del Tribunal, que es inapelable.
Las obras del Tramo 5 sur continúan en desacato a la sentencia del Tribunal
Lo anterior implica responsabilidades de carácter penal, de acuerdo con la fracción tercera del artículo 262 de la Ley de Amparo.
En ella se establece que, al servidor público que con carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, se le impondrá una pena de tres a nueve años de cárcel, multa de 50 a 500 días y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, comisión o empleo público”.
En paralelo, la defensa legal de los demandantes interpuso, el pasado 27 de febrero, un recurso de queja en contra del auto del 15 de febrero, mediante el cual se desechó la prueba de inspección judicial de dos cavernas y cuevas ubicadas en el Tramo 5 Sur del megaproyecto Tren Maya, presentada el nueve de ese mismo mes.
Este medio de prueba fue desechado por extemporáneo, conforme a lo concluido por el juzgador.
Al dar entrada al recurso de queja correspondiente, se procedió a notificar a las partes.
“La mayor agresión ambiental”
Por separado, ayer la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos salió en defensa de la comunidad del Caribe Mexicano y de la Península de Yucatán que ha documentado “el terrible daño ambiental que se está provocando” con la construcción del Tren Maya.
La asociación, encabezada por el biólogo Jorge Escobar, se refirió expresamente a las recientes evidencias que muestran el momento preciso en que se perfora el suelo kárstico sobre la caverna Oppenheimer, en el Tramo 5 Sur, para el hincado de pilotes y se observa el desplome de fragmentos del techo de esta estructura natural, precipitándose hacia el acuífero, cuya calidad está comprometida por la corrosión de otras pilas ya atravesadas.
“Acciones como las que se muestran en este video jamás habrían sido autorizadas por ninguna institución encargada de cuidar y proteger el patrimonio natural. De eso estamos seguros.
“Por lo tanto, nos encontramos frente a la mayor agresión ambiental de que se tenga noticia, por ser premeditada, ilegal, por carecer de autorización, y con efectos irreversibles por ejecutarse sin medidas de prevención, mitigación o corrección”, reprochó la Federación.
En un comunicado compartido en sus redes sociales, se respalda en específico el trabajo hecho por el biólogo Roberto Rojo, fundador de Cenotes Urbanos, quien junto con otros especialistas se ha dedicado durante dos años a documentar los trabajos en ese trazo, que va de Playa del Carmen a Tulum, fragmentando la selva.
La Federación destacó que Rojo fue galardonado en noviembre de 2023 con la medalla al Merito profesional, otorgado por la asociación y consideró que su trabajo “se convertirá, estamos seguros, en la evidencia más sólida y trascendente en la historia de la justicia ambiental de nuestro país para que, tarde o temprano, se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de la destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos con los que cuenta el Caribe Mexicano”.
La postura ocurre a una semana de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, volviese a descalificar e insultar a quienes han evidenciado la ilegalidad y devastación provocada por su proyecto insignia, llamándoles “falsarios”, “pseudoambientalistas” y acusando “montajes”, en un intento por desviar la atención del desacato a la suspensión definitiva dictada por un Tribunal.
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