CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora fue en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se presentó una irregularidad al contratar funcionarios.
Esto al darse a conocer el caso de Jesús Galindo Calderón, quien de ser líder de ‘vagoneros’ en el Metro pasó a ser titular del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales.
De acuerdo con el diario El Economista, el ahora funcionario representó a 300 vendedores ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Los representados por Galindo Calderón trabajan en la Línea 2 entre las estaciones San Antonio Abad y Bellas Artes.
De acuerdo con el currículum entregado como respuesta a la solicitud de información pública 0102000003319 por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, Galindo Calderón estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la FES Aragón.
Sin embargo, no hay información de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas.
El ex vagonero también tiene especialización en televisión y prensa escrita y cuenta con constancias de traducción de inglés e italiano emitidas por el CELE de la UNAM (hoy Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción).
Asesor de diputados perredistas
Entre sus empleos anteriores destacan asesorías a los legisladores capitalinos del PRD Ricardo Benito Antonio León, Sergio Ávila Rojas y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Este último fue designado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como secretario de Cultura.
Esto representa, de acuerdo con la página de remuneraciones al personal del gobierno capitalino, que Galindo Calderón obtiene un sueldo bruto de 81 mil 600 pesos como subdirector B.
El Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales es resultado de la primera Constitución capitalina.
Además su existencia queda establecida en la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la CDMX.
Dicha ordenamiento fue publicado en la Gaceta Oficial de Ciudad de México el 22 de enero de 2018.
Defender y proponer iniciativas
Este órgano está encargado de atender y resolver las quejas que por motivo de transgresión de los derechos culturales presente cualquier persona individual o colectiva ante la Secretaría, mediante el procedimiento establecido en esta Ley.
Además lleva a cabo proyectos de investigación académica en materia de derechos culturales, ya sea directamente o a través de convenios con universidades o centros de investigación.
También debe proponer a la Secretaría de Cultura normas reglamentarias y operativas para la mayor eficacia en la protección de los derechos culturales en la Ciudad de México.
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