OAXACA.- En medio de exigencias de pago por parte de proveedores y acuerdos entre el PRI y Morena, inició funciones este domingo la 63 Legislatura de Oaxaca, en la que por primera vez el partido de Andrés Manuel López Obrador incursiona en el Poder Legislativo estatal con ocho diputados, lo que lo convierte en la segunda fuerza política.
En tanto, en dos puentes peatonales de la capital y zona conurbada miembros de distintas agrupaciones colocaron lonas con demandas de pagos, uno de ellos sobre la avenida Símbolos Patrios, que conduce al aeropuerto local, y otro en el Periférico.
“Se solicita a la Secretaría de Finanzas y al Congreso del Estado, por favor paguen el adeudo que tienen con empresas oaxaqueñas antes de irse. ¡Exigimos el pronto pago!” y “No queremos dinero, ni prestado, ni regalado. Sólo exigimos las empresas oaxaqueñas el derecho a que se nos paguen los bienes y servicios que otorgamos al Congreso del Estado; deudas pendientes desde 2014, 2015 y 2016. Exigimos que nos paguen antes de irse”, fueron parte de los mensajes.
De acuerdo con el entonces presidente de la Gran Comisión, Gerardo García Henestroza, el adeudo con proveedores ascendía a 19 millones de pesos en este año.
Con retraso de más de una hora, la 62 Legislatura terminó su periodo con la elección de la próxima Mesa Directiva, a cargo del priísta Samuel Gurrión Matías.
Diputados inconformes de Morena criticaron que el coordinador de su bancada, Irineo Molina Espinoza, acordó con el PRI ceder la Mesa Directiva, a cambio de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
En una breve asamblea, los representantes populares convocaron al pleno para el 15 de noviembre, cuando el gobernador Gabino Cué Monteagudo enviará su sexto y último informe de labores.
Dominan protestas. En los dos últimos meses, distintos acreedores y organizaciones empresariales han demandado al gobierno los pagos, que a nivel estatal ascienden a unos 2 mil millones de pesos. En el caso de la Cámara de Diputados, proveedores han exigido en múltiples ocasiones y de diversas formas sus pagos.
El 26 de octubre, representantes de la empresa Viajes “Jalietza” y más de una docena de proveedores se manifestaron en el Congreso para demandar el pago de 2.5 millones de pesos por concepto de boletos de avión.
En la última sesión extraordinaria de la 62 Legislatura, el pasado viernes, otro grupo arribó a la sede cameral para solicitar pagos por 5 millones de pesos en distintos servicios.
Dos días antes, trabajadores de base retuvieron a unos 100 diputados por 17 horas en la sede del Congreso para exigir que se anulara la entrega de al menos 80 bases para personal cercano a los legisladores salientes. Asimismo, para demandar el pago de 200 pesos a cada uno de los ex empleados del Congreso.
Culpan a Finanzas. La semana pasada, en una de sus últimas declaraciones, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Gerardo García Henestroza, informó que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal debía al Poder Legislativo 97 millones de pesos para concluir el año. Esto habría originado un adeudo de 19 millones de pesos a proveedores, así como 40 millones de pesos al pago de dietas de los legisladores, mientras que el resto sería para la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre, que corresponde a la 63 Legislatura.
El viernes pasado el gobierno estatal cubrió una parte del adeudo con el Congreso local.
En previsión de probables protestas, la Policía Estatal cercó este domingo con elementos antimotines la sede de la Cámara de Diputados, ubicada al sur de la capital.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos respectivo, en 2016, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, que depende del Legislativo, tuvieron una asignación de 676 millones 300 mil pesos.
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