CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) enviará al Congreso de la Unión un proyecto para reformar el artículo 123 constitucional para que se permita la reinstalación de policías cuando demuestren su inocencia en un proceso penal.
En la Novena Sesión Extraordinaria del Consejo Federal de Desarrollo Policial, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, enfatizó que “la única Constitución en el mundo que trata discriminatoriamente a los operadores del sistema de justicia es la mexicana”.
La CNS busca que se reforme el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución, que, como se encuentra ahora, impide la reinstalación de policías, peritos o agentes ministeriales aun cuando hubieran demostrado su inocencia tras un proceso penal.
“No es posible que el artículo 21 Constitucional le encargue al Ministerio Público y a los policías una labor tan delicada como es la investigación o prevención del delito y que más adelante, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, diga: ‘no confío en ustedes’”, enfatizó.
En su oportunidad, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, mencionó que el proyecto que presentarán es un asunto de trascendencia nacional en virtud de que ventila un acto de justicia y equidad, al proponer que los elementos que demostraron su inocencia puedan ser reinstalados siempre y cuando no hayan sido sancionados por un delito doloso o grave.
“Esta decisión atendía inicialmente al incuestionable interés de remover a los malos elementos que hubieran incumplido con los principios constitucionales y legales a que está sujeto su actuar como servidor público, sin embargo, en la práctica, y a la luz de la experiencia, pudiera considerarse como una decisión que estigmatiza y afecta los esfuerzos por la dignificación de la función policial”, dijo.
El proyecto será presentado al Congreso de la Unión para que emitan observaciones.
“La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, ratifica su convicción de proteger y servir a la ciudadanía, y al mismo tiempo de buscar los mecanismos que permitan garantizar los derechos humanos y las condiciones laborales del personal de esta institución”, indicaron.
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