REYNOSA.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) confirmó que derivado de la carpeta de investigación iniciada de oficio por una denuncia del probable delito de trata de personas en la zona de tolerancia de Reynosa, Tamaulipas, se llevó a cabo un operativo que concluyó con la suspensión de actividades de cuatro establecimientos y tres cuartos usados presuntamente por sexoservidoras.
La denuncia pública fue realizada el pasado 29 de diciembre, en la que se establecía la comisión de varias irregularidades y probables delitos dentro de los inmuebles, de los cuales al menos uno es copropiedad de Carlos Luis Peña Garza, esposo de la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez.
Los cierres de establecimientos se fundamentaron en que carecían de avisos de funcionamiento y en algunos casos de las acreditaciones para operar como bares, así como por las condiciones insalubres en su funcionamiento.
La PGJE recordó que la regulación administrativa en cuanto a licencias de funcionamiento y la vigilancia sanitaria en la zona de tolerancia es de competencia municipal.
En el operativo participaron personal de la PGJE, de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), del Ejército y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de combatir la trata de personas y la prostitución infantil, porque lacera la dignidad humana y es una de las fuentes de financiamiento de grupos de la delincuencia que alimenta varias actividades ilícitas, en detrimento de la sociedad tamaulipeca.
En respuesta, la alcaldesa Maki Ortiz, quien gusta de retwittear al papa Francisco, desmintió que su marido se dedique a la trata de personas. “Mi esposo no recibe dinero ni se dedica a la trata de personas, ni la prostitución de menores. ¡Es información falsa y mal intencionada!”, afirmó.
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