CIUDAD VICTORIA.- Dirigentes de microbuseros consideraron que la propuesta de modificación del Código Penal de Tamaulipas con el fin de ampliar la legítima defensa para que también a los choferes del transporte público se les permita portar armas reglamentadas para defenderse de robos o asaltos, deberá ser bien estudiada por verdaderos expertos o de lo contrario podría haber resultados contraproducentes.
El secretario general de los microbuses verdes de la capital de Tamaulipas, Ramón Hernández Manríquez indicó que por un lado sería ventaja que los operador de las unidades de transporte público tuvieran con qué defenderse en caso de que ser asaltados.
“Pero el asunto es medio delicado, yo como secretario general de una organización sería más prudente y pediría que esto se pensara bien; es una situación delicada y habría que ver ventajas y desventajas, y no tomar una decisión al vapor”.
Explicó que los choferes de los microbuses también son víctimas de robos y asaltos, pero para aumentar la seguridad en el transporte público se deben valorar los pros y los contras de modificar el Código Penal para que la legítima defensa, en un momento dado, no pueda ser manipulada.
“En un momento determinado pudiera ser contraproducente. Hay gente que pierde el sentido de la ubicación y se puede prestar para malos entendidos o para otro tipo de situaciones diferentes”.
En torno a la polémica que el tema ha desatado entre los diversos sectores de la población, Ramón Hernández Manríquez consideró que los especialistas tendrían que pensar en evitar que una propuesta que pudiera ser positiva al final solo contribuya a generar más violencia.
“Ha habido antecedentes, no entre nosotros, pero ha habido gente que cita a su casa a su rival o a la persona con quien tiene problemas, según para platicar y arreglarse, pero lo hace para atacarlo o asesinarlo, y después ante las autoridades argumenta que esa persona entró a atacar o robar”.
Algunos estados han regulado sus códigos penales y en otros se analizan modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa.
En el caso de Tamaulipas la propuesta de la legítima defensa apenas será llevada al Congreso del Estado para someterla a debate.
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