CD. DE MÉXICO.- La Ciudad de México ha inaugurado recientemente sus primeros espacios de consumo tolerado de cannabis, popularmente conocidos como “paraísos 4:20”, donde personas adultas pueden fumar marihuana en entornos vigilados y con reglas claras.
La apertura de uno de estos espacios tuvo lugar el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Concepción, en el centro de la ciudad. Sin embargo, apenas dos días después, una consumidora fue abordada de forma violenta por policías cuando recogía sus pertenencias para retirarse. Este incidente ocurrió cerca del cierre del espacio, establecido a las 20:00 horas, lo que evidenció tensiones entre la normativa del lugar y el actuar policial.
La activista Norma, integrante del colectivo Hijas de la Cannabis, denunció que los policías realizaron una inspección corporal y amenazaron con detenerlas, incluso cuando estaban en un espacio protegido por el gobierno. Para Norma, esta acción constituye una forma directa de criminalización, a pesar de que el sitio fue concebido como un lugar seguro.
Este tipo de actitudes refuerzan la percepción, compartida por los colectivos, de que los “paraísos 4:20” siguen siendo espacios inseguros. Aun con el respaldo institucional, la presencia policial genera desconfianza e inquietud entre los consumidores, quienes sienten que su derecho al autoconsumo no está plenamente garantizado.
Antes de la creación oficial de estos puntos, grupos activistas habían instalado “puntos de protesta” en espacios emblemáticos como frente al Senado y el Museo de Memoria y Tolerancia, y en estaciones del Metro como Hidalgo y Chapultepec. Estas acciones surgieron tras la declaración de inconstitucionalidad en 2021 de la prohibición del uso recreativo de la marihuana, por parte de la Suprema Corte.
En la Plaza Simón Bolívar, cuya lona proclama “Derechos humanos para los mariguanos”, el colectivo Comuna 4:20 criticó la reubicación de estos plantones como parte de una “limpieza urbana” en preparación al Mundial de 2026. Aun así, reconocieron que estos nuevos espacios con reglas —como la prohibición de venta— ofrecen posibilidades para desestigmatizar el consumo y dar información clara.
Popeye, activista del mismo colectivo, remarca la urgencia de que exista una legislación explícita en materia de uso recreativo, basada en los derechos humanos. “Lo que queremos es que dejemos de ser violentados y estigmatizados”, afirmó, subrayando que estas medidas temporales no son suficientes para garantizar un trato digno.
Finalmente, algunos vecinos han expresado una visión más conciliadora. Es el caso de Moisés San Juan, de 75 años, quien vive frente a la Plaza de la Concepción desde hace más de 40 años. En su juventud, recuerda, debía esconderse incluso para fumar tabaco, por lo que ahora ve con buenos ojos la regulación: “Es lo mejor, porque está la autoridad de por medio… que sean aceptados poco a poco, que no estén escondidos”.
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