CIUDAD DE MÉXICO.- Revaluar la Iniciativa Mérida es una “necesidad urgente” para mejorar en la lucha conjunta de Estados Unidos y México contra el narcotráfico.
Esa sentencia es la conclusión más contundente del informe que la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos presentó ante el Congreso, y que se espera que tenga influencia en la nueva administración y el próximo legislativo para modificar estrategias que permitan “reducir el flujo de drogas ilícitas y el daño asociado con el narcotráfico”.
El informe, presentado a principios de mes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja estadounidense, pone un énfasis muy claro en la urgencia del rediseño de una iniciativa que, 13 años después de su implementación, no ha obtenido los resultados esperados.
Sin embargo, “hay demasiado en juego como para abandonar el esfuerzo”, apuntan. En un México donde abundan los muertos derivados por la violencia de los cárteles y unos Estados Unidos que cuentan por decenas de miles los fallecidos por la droga que llega desde el sur, los expertos de la comisión señala que ambos países deberían construir desde los éxitos “frágiles”; aprender de lo conseguido e iniciar un proceso en el que “los objetivos compartidos y las responsabilidades” sean “tan transparentes como sea posible”.
“Los dos países necesitan diseñar una nueva versión de la Iniciativa Mérida basada en objetivos mutuos y métricas claras para evaluar su desempeño en adelante”, concluyen los autores del reporte, convencidos de que el actual sistema no funciona.
Como ejemplo, un hecho reciente: la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, y su posterior liberación en México sin cargos, un hecho que, advierte el reporte, “ha socavado la confianza” y “podría amenazar la colaboración en el futuro”.
El análisis de los expertos señala el ineficiente resultado de los fondos estadounidenses para financiar fuerzas de seguridad y organismos judiciales mexicanos. “La asistencia de Estados Unidos debería enfocarse en instituciones federales que estén comprometidas con la reforma de la supervisión pública”, señalan. Aunado a ello, urgen a las autoridades de la Unión Americana a trabajar “de cerca con autoridades locales y estatales [mexicanas] para desarrollar programas policiales y de prevención de violencia preventiva que puedan replicarse por todo el país”.
Básicamente, la comisión hace un llamado a un nuevo acuerdo que tenga claras métricas y objetivos, que puedan ser evaluados y corregidos a medida que se analicen periódicamente, teniendo en cuenta su impacto real y con flexibilidad suficiente como para modificar la estrategia cuando sea necesario.
Las recomendaciones no dejan de lado la acción directa, como la destrucción de laboratorios de droga, la persecución de operadores de nivel medio o la investigación a los que permiten el narcotráfico, especialmente a aquellos empresarios que permiten el lavado de dinero y “funcionarios de gobierno corruptos”.
Para ello, aconsejan fortalecer la relación de Estados Unidos con los mandos de la Guardia Nacional; apostar por la aplicación de la reforma de justicia aprobada en 2019, y el apoyo constante a políticas anticorrupción.
Señala que los elementos de la Guardia Nacional son insuficientes, considerando que también han sido asignados a controlar el flujo de migrantes en la frontera, y expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de la tasa de violencia, la administración de Andrés Manuel López Obrador gasta menos de 1% del PIB en seguridad, una tendencia que ya venía desde la administración de Enrique Peña Nieto.
“No todo son medidas externas”
El reporte alerta sobre las consecuencias que podría tener la propuesta de la administración Trump de reducir 60% los recursos asignados a la Iniciativa Mérida, en comparación con el año fiscal previo. También habla de la demanda de drogas en EEUU. “Estados Unidos no puede controlar el narcotráfico sin controlar la demanda de Estados Unidos”, advierten los expertos, recordando que son los mercados estadounidenses los que proveen de “dólares y armas” a los narcotraficantes.
En ese sentido, la comisión urge también a la parte estadounidense a hacer más para el control del flujo de armas que cruza la frontera al sur, dando los recursos suficientes a las agencias pertinentes de Estados Unidos para controlar el “mercado gris” armamentista, mejorar el sistema de rastreo e investigar casos de contrabando de armas.
“Frenar el crimen transnacional es de vital interés para ambos países”, resume el capítulo dedicado a las recomendaciones en la lucha conjunta contra el narcotráfico en México, sólo una de las partes de un informe de 117 páginas que también presenta un estudio y consejos para países como Colombia o los del denominado Triángulo Norte centroamericano, así como recomendaciones más genéricas para una mejor lucha en el hemisferio occidental y una más eficiente política antidrogas estadounidense.
Destaca la recomendación de cambiar todo el sistema de certificación de drogas, eliminando la lista de principales países productores o las listas negras de traficantes de droga, cada vez “más anacrónicas” por el auge de estupefacientes sintéticos que no tienen nada que ver con el cultivo natural de antaño.
Ayer mismo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes analizó el informe en una sesión en la que su presidente, el demócrata Eliot Engel, lo definió como una “hoja de ruta” y una “bocanada de aire fresco” en la aproximación a las políticas de control de drogas.
“Espero que la administración Biden-Harris y mis colegas en este comité se aseguren de que el buen trabajo de la comisión sea implementado”, concluyó.
La comisión, presidida por la experta en asuntos latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Shannon O’Neil, la formaban, entre otros, Juan González y Dan Restrepo, dos exaltos cargos del gobierno de Obama en temas del hemisferio occidental y asesores en política para América Latina del presidente electo Joe Biden, además de los excongresistas Sam Farr y Pete Gallego (demócratas) y Matt Salmon (republicano), y el exjefe del Comando Sur del Pentágono, Douglas Fraser.
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