Puebla.- Por el caso del bebé Tadeo, menor cuyo cuerpo fue metido a un penal de San Miguel, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, emitió una recomendación en contra de la Secretaría de Seguridad Pública en la que ordena compensar a los padres del niño.
El organismo ordenó sancionar a servidores públicos que permitieron el ingreso del cuerpo del niño identificado como Tadeo, pero además determinó que se debe compensar económicamente a los familiares del menor.
En enero, fue localizado el cuerpo del menor en el interior de la penitenciaría, lo que derivó en la renuncia en cascada de funcionarios y su detención; las autoridades aseguraron que la introducción de los restos humanos tenía la intención de desestabilizar el penal por pugnas entre internos.
Ordenar compensar a padres de bebé Tadeo
La comisión consideró que los custodios fueron omisos de cumplir con sus funciones,es decir de realizar la intercepción del paquete que presuntamente contenía el cuerpo del bebé Tadeo, y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Se determinó que existió una violación a derechos humanos análoga en detrimento de la totalidad de las personas privadas de la libertad que habitan en el penal, pues las autoridades incumplieron con los parámetros más esenciales de sus funciones, que se centran en resguardar la seguridad de las instalaciones.
Acusó que se obstaculizaron las funciones de ese organismo para investigar los hechos al interior del Centro de Readaptación Social y se ocasionó la violación al derecho humano al acceso a la verdad, en agravio de los padres del bebé Tadeo.
¿Cómo compensarán a los padres del bebé Tadeo?
Se ordenó proporcionar a los familiares directos del bebé Tadeo atención psicológica que contribuya a la superación de las secuelas que les fueron provocadas; así como otorgarles una compensación económica por concepto de la reparación del daño sufrido, en los términos de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.
Así como Iniciar y/o continuar los Procedimientos de Investigación Administrativa, para que se determinen conforme a derecho la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que tuvieron intervención en los hechos.
Y brindar a las y los servidores públicos pertenecientes al Cereso de Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, entre otras recomendaciones.
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