Venezuela ha solicitado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que lleve a cabo una investigación para determinar si la ley de Amnistía que está gestando la Asamblea Nacional es o no constitucional.

“Queremos denunciar que la oposición venezolana no democrática pretende ahora desde la Asamblea Nacional vulnerar el Estado de derecho constitucional a través de una denominada ley de Amnistía”, denunció la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La canciller explicó que la ley sería retroactiva hasta 1999 y que abarcaría hasta eventuales delitos futuros, y denunció a los que la promueven de “querer derrocar al Ejecutivo”.

“La ley alcanza desde enero de 1999, cuando entró en vigor la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta incluso delitos a futuro, dando esperanza a las facciones violentas políticas en Venezuela para derrocar el Gobierno y dándoles con esta ley impunidad y autoperdón”.

“Esto violenta toda la doctrina internacional en materia de amnistía”, aseveró.

“Por esta razón -justificó- hoy mismo solicito a la oficina del alto comisionado que haga una investigación (…) Solicitamos a primera hora de esta mañana al alto comisionado un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos que pretende la impunidad en un aspecto donde no corresponde”, enfatizó Rodríguez y reseñó Efe. Por otra parte, la canciller denunció que su país “está siendo atacado”.

“Queremos denunciar que contra Venezuela existe una especie de ‘bullying’ de la derecha internacional contra el país activando poderes fácticos como las corporaciones mediáticas y los poderes financieros para estrangular la economía y someter al pueblo de Venezuela. Y luego apoderarse de nuestros recursos”, precisó.

En Ginebra (Suiza), la canciller recordó que el presidente Nicolás Maduro, “aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, donde se recibieron más de 250 mil propuestas que fueron organizadas en cinco ejes para el reforzamiento de la institucionalidad”.